Choque con el Gobierno

El PP suspende las negociaciones del CGPJ por el impulso a la reforma de la sedición

Feijóo comunica a Sánchez que echa el freno a las conversaciones y le pide "garantías" de que no beneficiará a los dirigentes huidos

El PSOE insiste en que el pacto estaba "listo" y acusa al líder de los populares de no resistir las "presiones de la derecha más reaccionaria"

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, el pasado 10 de octubre, en la reunión que mantuvieron en la Moncloa.

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, el pasado 10 de octubre, en la reunión que mantuvieron en la Moncloa. / FERNANDO CALVO / POOL MONCLOA

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La primera negociación relevante entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, que iba a culminar en el único gran pacto de la legislatura, quedó este jueves en suspenso. Los dos negociadores designados para alcanzar el acuerdo sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Constitucional, Félix Bolaños y Esteban González Pons, ya habían casi culminado su tarea, pero el impulso que el Gobierno ha dado en los últimos días a la reforma del delito de sedición ha llevado a los populares a romper en el último momento.  

Los conservadores anunciaron por la tarde que suspenden las negociaciones sobre la reforma del poder judicial y exigen "garantías" del jefe del Ejecutivo de que no modificará ese delito y no facilitará "el camino" a los que quieren "combatir" el Estado, si quiere volver a sentarse con ellos. El PSOE, por su parte, en otro comunicado, insistió en que el pacto estaba "listo" y acusó a Feijóo de no resistir las "presiones de la derecha más reaccionaria".

A las ocho y media de la tarde, los populares hicieron pública su decisión y pidieron al PSOE que decida "si en el ámbito institucional quiere avanzar con un partido constitucionalista como el PP o quiere seguir de la mano de partidos que buscan debilitar el Estado de derecho y romper la unidad constitucional".

Los conservadores ven "una incongruencia insalvable" del Ejecutivo pactar el poder judicial a la vez que se habla con ERC de esa reforma legal

ERC está presionando a Sánchez para que cumpla su palabra de "homologar" las penas por ese delito (de entre 10 a 15 años si es un cargo con autoridad) a las que se imponen en otros países europeos, donde son menores. De modificarse el Código Penal, se podrían beneficiar los dirigentes del 'procés' huidos.

Según los socialistas, Sánchez, que este jueves estaba volviendo del viaje oficial a Suráfrica, telefoneó a Feijóo para "formalizar" el acuerdo "ya negociado y listo para ser firmado". Sin embargo, denuncia el PSOE, el líder del PP se inventó "una nueva excusa para bloquear" el CGPJ, "incumpliendo con la Constitución una vez más".

En esa conversación, ahora según el PP, el dirigente conservador ofreció a Sánchez abordar "juntos" cualquier reforma del Código Penal que afecte a los delitos de rebelión, sedición, así como la tipificación de delito de la convocatoria de un referéndum ilegal. Feijóo le recordó que el partido socialista prometió esto último cuando se presentó a las últimas elecciones.  

Los populares admiten que el pacto para "despolitizar" la justicia "estaba muy avanzado"

Según la nota enviada por los conservadores a la prensa, es "una incongruencia insalvable" pactar el reforzamiento del Estado a través de la renovación del CGPJ a la vez que el Ejecutivo de coalición pacta con ERC "desproteger" a ese Estado. El comunicado también desliza que el debate sobre la sedición "solo puede obedecer a dos motivos": o a las exigencias del independentismo o a la "vocación de paralizar" el acuerdo con el PP para "despolitizar la justicia". Los populares admiten que ese pacto "estaba muy avanzado" y creen que "no convence" al Ejecutivo. Los conservadores apuntan, además, que Bolaños había trasladado a Pons que "no estaba" en los planes del PSOE "acometer" la "modificación" del delito de sedición.

Presiones sobre el líder del PP

La presión que está recibiendo el líder popular desde las esferas empresarial y judicial madrileñas para que no se renovara es considerable, según fuentes de esos dos ámbitos. Hay quien incluso ya ha advertido a Feijóo directamente de que sería un "error fatal para el PP" que aceptara a Cándido Conde-Pumpido como presidente del Tribunal Constitucional. 

El momento de máxima tensión llegó este jueves por la mañana en el Congreso, cuando la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en medio del debate de las enmiendas a los Presupuestos, hizo unas declaraciones ambiguas en las que se podía entender que el Ejecutivo iba a llevar con diligencia al Congreso una propuesta legislativa para acortar las penas. Sus palabras se cruzaron como un inesperado viento gélido en el acercamiento de posiciones sobre el poder judicial logrado por Bolaños y Pons. 

Montero tuvo que salir a aclarar que ella no había dicho nada distinto a lo expresado días antes por el jefe del Ejecutivo. Sánchez aseguró en Bruselas el viernes que mantenía su "compromiso de legislatura" de "homologar" las penas para ese delito con las que se imponen en algunos países europeos, donde son menores. Pero no puso plazos ni concretó nada, porque no "hay una mayoría" parlamentaria suficiente, en su opinión, para aprobar la reforma legal.

Pocos minutos después de que la ministra matizara, el propio Feijóo se vio obligado a reaccionar. El jefe de los populares estaba invitado a mediodía a dar una charla en un foro en Santander y desde allí tuvo que improvisar una respuesta a la polémica que se había montado por la ambigüedad de Montero. Feijóo elevó el tono al reclamar a Sánchez que aclare si elige "sobrevivir" en la Moncloa y agradar a ERC o "proteger" la democracia, aunque evitó romper con él en ese momento. 

El conservador, eso sí, aseguró que si llega a gobernar España, está decidido a "agravar las penas de sedición y rebelión" y a tipificar esos delitos "de forma precisa".

Sánchez lo daba por cerrado

A pesar de todas estas turbulencias del jueves por la mañana parecía que el pacto aún aguantaba. Según el presidente del Gobierno estaba "listo". Según el PP, aunque había "avances" en las conversaciones, no había un acuerdo cerrado.

Las palabras del dirigente socialista llegaron desde una comparecencia junto al presidente de Suráfrica, Cyril Ramaphosa. El jefe del Ejecutivo abordó sin remilgos el tema de la modificación en el Código Penal para reiterar que "una cosa es la agenda legislativa" y otra "el cumplimiento estricto" de las "obligaciones constitucionales".

"Y ese llamamiento es el que quiero hacer", remarcó. Sánchez recordó que el CGPJ lleva casi cuatro años bloqueado y que su último presidente, Carlos Lesmes, ha dimitido. "Estamos ante una crisis constitucional sin precedentes", enfatizó. Aunque el PP lo matizó después, el presidente del Gobierno mantuvo que "el acuerdo está listo, está preparado" y sólo falta la respuesta final del Génova ."¿Queremos renovar el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional? El Gobierno de España dice 'sí' de manera rotunda", concluyó.