Escrito de acusación

El PSOE pide 48 años de cárcel para el exministro Fernández Díaz por la Kitchen

  • Le considera responsable de una decena de delitos como responsable del operativo ilegal de espionaje a Bárcenas

  • Solicita penas de prisión para él y una decena de personas y que el PP responda como responsable a título lucrativo

El exministro del Interior Jorge Fernández Díaz (izq) a su llegada a la Audiencia Nacional, en una imagen de archivo. EFE/Rodrigo Jiménez

El exministro del Interior Jorge Fernández Díaz (izq) a su llegada a la Audiencia Nacional, en una imagen de archivo. EFE/Rodrigo Jiménez

3
Se lee en minutos
Ángeles Vázquez
Ángeles Vázquez

Periodista

Especialista en Tribunales y Justicia

Escribe desde Madrid

ver +
Tono Calleja
Tono Calleja

Periodista

ver +

La acusación que ejerce el PSOE en el caso Kitchen solicita 48 años y cuatro meses de prisión por una decena de delitos para Jorge Fernández Díaz, a quien, como ministro del Interior cuando sucedieron los hechos, considera máximo responsable del dispositivo parapolicial montado para presuntamente espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas con el objetivo de intentar quitarle la documentación comprometida para el partido que tuviera en su poder.

El escrito de acusación, de 61 páginas, al que ha tenido acceso este diario atribuye a Fernández Díaz los delitos de organización criminal, encubrimiento continuado, obstrucción a la justicia, cohecho, malversación, allanamiento de morada, revelación de secretos, fraude a la administración pública y certificación falsa. Unos delitos que también atribuye a su mano derecha, el que era su secretario de Estado, Francisco Martínez, para quien solicita 34 años y medio.

Relación con la Gürtel

La obstrucción es porque el dispositivo parapolicial se montó en el verano de 2013 para no colaborar con la investigación judicial que se seguía en la Audiencia Nacional del caso Gürtel, mientras que el cohecho y la malversación obedecen al pago con fondos reservados de dos de los imputados, el excomisario Enrique García Castaño, al frente de la unidad de escuchas y seguimientos, y el que fue chófer de Bárcenas Sergio Ríos. El allanamiento se refiere a la entrada al taller de la esposa de Bárcenas, Rosalía Iglesias. El juez Manuel García-Castellón no enmarcó en la operación ilegal el asalto a la vivienda del extesorero que protagonizó un falso cura.

También solicita penas de prisión para el exdirector adjunto operativo Eugenio Pino (43 años de cárcel), los comisarios Luis Olivera, Marcelino Martín Blas, José Ángel Fuentes Gago, Bonifacio Díez Sevillano, Enrique García Castaño y José Manuel Villarejo (38 años de prisión), el policía Andrés Manuel Gómez Gordo y Sergio Ríos (36). También reclama que el Partido Popular sea responsable como partícipe a título lucrativo por los fondos reservados utilizados en el espionaje ilegal.

El escrito comienza con la primera reunión mantenida por el exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal y su marido, el empresario Ignacio López del Hierro (ambos fuera del procedimiento), con Villarejo el 21 de julio de 2009, de la que hay constancia documental. Ambos y el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy figuran en su lista de testigos.

Rajoy de testigo

Noticias relacionadas

"Tras esta primera reunión se celebran otras muchas, llamadas de teléfono incluidas, siendo la última conocida el 12 de septiembre 2017, es decir, dos meses antes de ser detenido Villarejo", explica el escrito que añade que "de manera simultánea a estos encuentros, y ya con [Mariano] Rajoy en la presidencia del Gobierno, se suceden una serie de hechos durante el año 2011, 2012 y primera mitad del 2013 que vienen a reforzar el nivel de implicación de los hoy procesados en la operación organizada por la cúpula política y policial del Ministerio del Interior para espiar y sustraer documentos al tesorero Bárcenas que de hacerse públicos podrían derivar en consecuencias políticas y penales para numerosos dirigentes del PP".

"En los diarios de Villarejo, en varias de sus notas de inteligencia requisadas así como en grabaciones y testimonios que figuran en la causa es posible contrastar que, por ejemplo, la destrucción de los videos de la sede nacional del PP en la calle Génova, el seguimiento de la familia Bárcenas, la entrada en el local de Rosalía Iglesias, el pago de confidentes con fondos reservados, los seguimientos en prisión al propio Bárcenas y fuera de prisión a sus amigos, contactos y letrados, forman parte de un meticuloso plan urdido por los hoy procesados encaminado a proteger a los máximos responsables del PP que figuran en la documentación robada a Luis Bárcenas", afirma el escrito.