La fiscalía pide un año de inhabilitación para Meritxell Serret por desobediencia grave

La fiscalía ha solicitado un año de inhabilitación especial para empleo o cargo público y una multa de 12.000 euros a la 'exconsellera' y diputada de ERC, Meritxell Serret, por un posible delito de desobediencia grave al Tribunal Constitucional, por facilitar la celebración del referéndum del 1-O.

Según el ministerio público, Serret conocía "perfectamente la ilegalidad" de las decisiones que se tomaron durante el otoño de 2017, tras ser notificada de varias advertencias del alto tribunal. La parlamentaria estuvo tres años huida en Bruselas tras la DUI, regresó a España en marzo de 2021 para ponerse a disposición del Tribunal Supremo, que la había procesado por los delitos de malversación y desobediencia.

El fiscal apunta que había una "estrategia perfectamente planificada, concertada y organizada" para la independencia de Catalunya y que el Govern de Carles Puigdemont, del que Serret formaba parte, tenía la misión de convocar y celebrar el referéndum "ilegal" para "legitimar internacionalmente su proyecto de segregación territorial, así como la creación de estructuras de Estado paralelas que pudieran sustituir los órganos estatales legalmente constituidos".

Serret, como 'consellera' de Agricultura en ese momento, "en ejecución del plan acordado y plenamente consciente de la notoria ilegalidad de su proceder, intervino en la adopción de algunas decisiones ejecutivas necesarias para garantizar la realización del referéndum ilegal", señala el fiscal.

La secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha calificado de "injusta" la acusación de la fiscalía y ha urgido al Gobierno de Pedro Sánchez a "acelerar" la carpeta de la desjudicialización, como se pactó en la mesa de diálogo. "Dar voz a la ciudadanía es una obligación, no un delito", ha espetado. Así, se ha negado a "normalizar esta situación de represión" y ha defendido que la solución al conflicto político actual "no se solucionará con más represión e injusticia, sino a través de la política" y la negociación. Por ello, ha hecho un llamamiento al Gobierno para que se impulsen los "cambios necesarios" para que no se produzcan acusaciones como las de hoy. "Nos da más argumentos para defender que hace falta una resolución democrática y política", ha zanjado la portavoz de Esquerra.