Romeva y Rull defienden que el dictamen de la ONU es "vinculante" y reclaman la amnistía

Los 'exconsellers' Raül Romeva y Josep Rull, acompañados de los abogados Jordi Pina y Carles Mundó, han defendido este viernes que el dictamen de la resolución del Comité de Derechos Humanos de la ONU es "vinculante". Así lo han asegurado este viernes desde Barcelona, en una rueda de prensa simultánea con el abogado Nico Krisch quien, desde Ginebra (Suiza), ha celebrado un dictamen que reconoce una "manifiesta violación" del artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos firmado por España.

Rull ha defendido que el dictamen -que reconoce la violación de derechos de Oriol Junqueras, Josep Rull, Jordi Turull y Raül Romeva- es "vinculante porque toca el corazón de los derechos fundamentales", que están recogidos "en la Constitución Española". "No estamos hablando de una especie de resolución simbólica, se exige su cumplimiento por parte del Estado español", ha señalado Rull, que ha destacado que esto supone "munición jurídica" ante las causas abiertas en la justicia europea.

Romeva ha destacado que este dictamen supone "un reconocimiento explícito de que el Estado español ha vulnerado los derechos humanos, en este caso de cuatro personas, con nombres y apellidos", y ha pedido una reacción al Estado, que debería ser una "amnistía". Además, ha asegurado que su partido, ERC, ya ha pedido la comparecencia de los ministros de Justicia y de Exteriores en el Congreso de los Diputados para que respondan a esta decisión del Comité de Derechos Humanos.

El 'exconseller' por ERC ha destacado que este dictamen "exige que en 180 días el Estado reaccione" y, aunque no es posible resarcirlos de las suspensiones de sus cargos por las imputaciones de rebelión, requiere de medidas para que una situación como la vivida por los condenados no pueda volver a producirse. Sobre cómo afecta a la causa de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, huida a Suiza, Carles Mundó ha asegurado que en la "lógica jurídica" ningún tribunal puede sostener la acusación de "rebelión", que ha calificado de "abusiva", porque el "elemento de violencia" era inexistente, por lo que debería ser retirada.

En cuanto al abogado Jordi Pina, este ha señalado que el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC), usado para suspender a los cuatro afectados de sus cargos electos antes de ser condenados, se hizo pensando en ETA y se "vinculaba con las acciones de terrorismo". Pina ha considerado que el Estado ha "retorcido el derecho penal español" al aplicar un artículo que "no se tendría que haber aplicado nunca" y cuya aplicación "censura contundentemente" el dictamen.

El Comité de Derechos Humanos de la ONU dictaminó que España "violó los derechos políticos de exmiembros del Gobierno y el Parlament de Catalunya" al suspender de sus funciones públicas a encausados en el 'procés' antes de que fueran condenados en 2019, tras el referéndum independentista de 2017.

Este órgano asesor de la ONU, cuyas decisiones no son vinculantes, da la razón a una denuncia presentada en 2018 por el exvicepresidente Oriol Junqueras y los 'exconsellers' Raül Romeva, Josep Rull y Jordi Turull, quienes alegaron que la suspensión de sus funciones sin existir una condena previa violaba el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos firmado, entre otros, por España. Los dictámenes del comité, un mecanismo que se autodefine como "cuasi-judicial", suponen recomendaciones que en principio no son vinculantes, pero sí se considera que deben ser tenidos en cuenta por los firmantes, a cuyo artículo 25 se acogieron los denunciantes.