'Ley okupa': miedo hacia un fenómeno para el que el PP pide una nueva regulación

Según cifras oficiales del Ministerio del Interior, en 2021, en España, se tiene constancia de 17.274 casos de 'okupaciones' de todo tipo. Recientemente, el caso de la recuperación por las bravas por parte de su propietario de una vivienda en Murcia que había 'okupado' una familia, y que se hizo viral gracias a la publicación en redes de un vídeo que registró la intervención, ha vuelto a sacar a la palestra un tema que recurrentemente es noticia y que forma parte de la actualidad política, con el PP urgiendo al Gobierno a abordar una nueva regulación de este asunto, para el que pide un endurecimiento de penas y desalojos exprés.

Así, el pasado 24 de agosto los populares registraron en el Congreso una proposición de ley contra la ocupación ilegal que permita el desalojo en 24 horas y que, al mismo tiempo, castigue con penas de hasta tres años de prisión a quienes con violencia o intimidación 'okupen' un inmueble.

Las claves de la proposición de ley que defiende el PP

Según la iniciativa propuesta, el PP quiere impulsar reformas legislativas para permitir una protección efectiva de los titulares del inmueble, entre ellos recuperar el delito de usurpación, la imposibilidad de que los 'okupas' se puedan empadronar o el endurecimiento de las penas en caso de que se trate de mafias.

En la ley propuesta, el partido de Alberto Núñez Feijóo plantea que, tras la denuncia correspondiente, el okupa no goce "de la protección de morada o domicilio frente a la actuación de la autoridad o sus agentes", por lo que en un plazo máximo de 24 horas deberá desalojarlo voluntariamente o acreditar que tiene un título que le permite ocupar esa vivienda, como pueda ser un contrato de arrendamiento.

Si se trata de flagrante delito, la autoridad correspondiente procederá al desalojo inmediato, según recoge la iniciativa que, además, quiere reformar el Código Penal para castigar a las personas que con violencia o intimidación 'okupen' un inmueble con penas de uno a tres años de prisión, en tanto que insta a imponer penas superiores en grado si la 'okupación' ilegal dura más de 15 días.

También contempla que sean castigados con penas de prisión de tres meses a un año los que promuevan la 'okupación', y si quien lo hace es un funcionario público en el ejercicio de su competencia también sufriría la inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo de nueve a 15 años.

El PP pide otras modificaciones legislativas para hacer frente al fenómeno de la okupación como retocar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que los delitos de allanamiento de morada y usurpación puedan resolverse mediante el procedimiento del juicio rápido.

Asimismo, plantea el cambio de la Ley de Enjuiciamiento Civil para que los propietarios de una vivienda que se hayan visto privados de ella sin su consentimiento puedan agilizar el procedimiento para reclamar su recuperación.

La proposición plantea también la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal para que si el 'okupa' desarrolla actividades prohibidas en los estatutos de la comunidad de vecinos, esta pueda iniciar acciones legales contra él y un juez pueda ordenar el lanzamiento inmediato y condenar al okupa a pagar daños y perjuicios.

El Grupo Popular propone la modificación de la Ley de Bases de Régimen Local para que la 'okupación' ilegal de cosa inmueble no pueda dar lugar a la inscripción de los 'okupas' en el padrón municipal y reformar la legislación tributaria para que al legítimo propietario, una vez haya resolución judicial firme, le sea devuelto el IBI y el impuesto sobre patrimonio abonados durante el periodo de ocupación.