El PP se prepara para otro "decreto trampa": "Mezclan las restricciones energéticas con los Cercanías gratis"

El malestar dentro del PP por el real decreto ley que exige a comunidades autónomas, empresas y comercios tomar medidas inmediatas para contribuir al ahorro energético (deben implementarlas en una semana) sigue en aumento y se ha contagiado a otras comunidades, como el País Vasco, donde el PNV tampoco ve con buenos ojos el plan del Gobierno. 

La vuelta del verano (probablemente en la última semana de agosto) el texto tendrá que ser convalidado en el Congreso y los populares critican ya que será un “nuevo decreto trampa” que mezclará medidas recientes como el apagón de escaparates comerciales a partir de las diez de la noche o la limitación de temperatura en aires acondicionados y calefacciones, con otras como la gratuidad de los trenes de Cercanías, Rodalies y Media Distancia o el aumento de becas en 100 euros para estudiantes mayores de 16 años que en este momento ya están recibiendo una ayuda.

Las multas por incumplir el plan de ahorro energético pueden llegar a los 100 millones

Es decir, que los grupos políticos que critican con dureza el último paquete del Gobierno tendrán que poner en una balanza todas las cuestiones antes de decidir su voto. El PP ya se abstuvo en el último decreto anticrisis a mediados de julio a pesar de los constantes reproches. La inclusión de medidas como la rebaja del IVA de la luz del 10% al 5% o las ayudas directas de 200 euros (ambas propuestas también por los conservadores) hicieron que abandonaran el no del texto anticrisis anterior y se inclinaran por la abstención. Con el nuevo decreto ley ocurrirá, como mínimo, un debate similar.

En el PP insisten en que el texto energético no ha sido consensuado con las CCAA (una crítica clavada en el caso del PNV), ni ha hecho partícipe al sector económico que se verá más afectado. Pero, a pesar de tildar las medidas de “cosméticas y frívolas”, insistiendo en que debe desarrollarse un plan a largo y medio plazo pensando en otras fuentes de energía, los populares no han arremetido contra el contenido de las medidas en sí. 

De hecho, la Comunidad de Madrid no tiene en mente un protocolo propio como sí anunció Euskadi y en este momento estudia a fondo el decreto ley por si deciden dar la batalla judicial, centrándose solo en el ámbito competencial.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso tiene dudas sobre la capacidad del Estado para intervenir en competencias exclusivas de las CCAA, por ejemplo, en materia comercial. Pero, tras la primera reacción de la presidenta autonómica afirmando que Madrid no lo aplicaría, “porque Madrid no se apaga” dijo en un mensaje en Twitter, su vicepresidente rectificó y aseguró que la Comunidad acatará el decreto ley exactamente en los términos aprobados. 

Elías Bendodo, coordinador general del partido, aseguraba este miércoles: “En política es igual de importante las formas y el fondo. No se puede imponer la aplicación de un decreto que no se ha hablado con nadie”. Lo que no desveló en ningún momento es el sentido del voto en el que piensa el PP, que como viene haciendo desde que Alberto Núñez Feijóo tomó las riendas de la formación, lo dejará para el final. Los populares exigirán modificaciones, lo que implicaría que el Gobierno se prestara a tramitarlo como proyecto de ley. Algo que no tiene pinta de que vaya a ocurrir.

De hecho, en el Ministerio de Transición Ecológica reconocen que el decreto se mantendrá tal y como está. En el mes de septiembre es probable que haya un nuevo paquete de medidas que sí podría servir para incluir algunas modificaciones. En el departamento de la vicepresidenta Teresa Ribera se defienden de las críticas asegurando que la ministra mantuvo un encuentro con los portavoces parlamentarios de todos los grupos. 

Pero los partidos responden que ese encuentro fue previo al nuevo plan anunciado y varias CCAA insisten en el desconcierto que ha generado el plan, hecho público en una rueda de prensa por la noche. Los presidentes de Galicia, Andalucía y Castilla y León se reunieron la semana pasada con Pedro Sánchez en Moncloa y el presidente no les detalló el nuevo decreto ley. Y ahora, según explican en sus equipos, comerciantes y hosteleros asisten con incredulidad a las novedades en tiempo récord. El Gobierno insiste en que la proporcionalidad rige en todo momento y que están recogidas excepciones para distintos escenarios que son los que más preocupan.