Anulado por el Constitucional

El independentismo planea contar el voto de Lluís Puig sin garantizar que sea efectivo

  • ERC, Junts y CUP buscan eximir a los funcionarios de cualquier responsabilidad, pero chocan sobre el alcance de una posible desobediencia

Laura Borràs presidiendo la Mesa del Parlament, en una foto de archivo.

Laura Borràs presidiendo la Mesa del Parlament, en una foto de archivo. / ACN / Job Vermeulen

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Júlia Regué
Júlia Regué

Periodista

Especialista en información del Parlament de Catalunya, siguiendo la actualidad política catalana

Escribe desde Barcelona

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La mayoría independentista de la Mesa del Parlament ha debatido este martes cómo poder seguir contabilizando el voto delegado del diputado Lluís Puig -que reside en Bruselas desde 2017- pese a la resolución del Tribunal Constitucional que, a petición del PSC, anuló la delegación firmada en marzo de 2021 por la presidenta Laura Borràs y asumida posteriormente por el órgano parlamentario. Pero las versiones sobre cómo procesar el recuento y sobre su efectividad son dispares y están sometidas a lo que ocurra este miércoles a las 12.10 horas cuando se lleve a cabo la primera votación.

Y es que fuentes parlamentarias aseguran que los cinco representantes soberanistas de la Mesa -ERC, Junts y CUP- han comunicado al departamento de comunicación que se hacen cargo del recuento del voto de Puig para tratar de eximir a los funcionarios de dicha responsabilidad. Hasta ahí, coinciden. Sin embargo, no se ha acordado qué sucederá en el caso de que los trabajadores desactiven los sistemas de votación atendiendo a la requerida neutralidad institucional ni tampoco cómo se llegará a publicar el resultado de las votaciones si acaba siendo a mano alzada y el departamento de ediciones no contempla a Puig.

De hecho, varias fuentes subrayan que había sobre la mesa una propuesta que pasaba por la desobediencia en la que los miembros independentistas asumían las funciones de todos los funcionarios en el proceso desde el recuento de votos delegados hasta la publicación final y oficial de las votaciones, que ERC y CUP veían bien, pero que Junts no ha querido asumir en su totalidad. Al menos, por ahora. La falta de acuerdo ha provocado que hasta el momento sólo se notifique a los encargados de recibir las delegaciones de voto que los políticos se quedan con sus funciones, algo que podría suponer un delito por usurpación de funciones como ha advertido un letrado según fuentes parlamentarias.

La postura del TC

El alto tribunal dejó sin efecto la acción al considerar que vulnera el derecho del resto de representantes a ejercer sus funciones “con los requisitos que señalan las leyes”, dando así la razón a los socialistas, que alegaron ante los magistrados que el hecho de que otro diputado votara por Puig suponía un trato de favor que menoscaba los derechos del resto de parlamentarios porque no cumple los supuestos previstos en el reglamento del Parlament. 

La normativa que rige en el hemiciclo deja claro que sólo pueden delegar el voto los electos "con motivo de una baja por maternidad o paternidad" o en los supuestos de "hospitalización, enfermedad grave o incapacidad prolongada debidamente acreditadas". "Los requisitos por los que se puede delegar el voto están recogidos en el reglamento: si se cumplen, se puede delegar y, si no, no. Lo que decimos es que se cumpla el reglamento y se cumplan las sentencias", ha espetado la portavoz socialista Alícia Romero en rueda de prensa. 

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Pese a que la delegación de voto fue rechazada por la mesa de edad en la sesión constitutiva de la Cámara catalana tras las elecciones del 14 de febrero de 2021, los independentistas aprovecharon en marzo su mayoría en la Mesa del Parlament para aceptar el voto de Puig y que contara en la primera investidura fallida del ‘president’ Pere Aragonès en la que Junts se abstuvo. Pero ahora, tras la maniobra del PSC y el pronunciamiento del TC, los letrados ya han advertido de que se crea jurisprudencia, aunque los independentistas se acojan a una delegación que ya no tiene efecto porque la vigente tiene fecha en octubre de 2022 y no en marzo de 2021.

Pese a la retórica desobediente, Borràs terminó acatando la orden de la Junta Electoral Central de retirar el acta de diputado al cupero Pau Juvillà, por lo que fuentes de ERC y CUP consideran que acabará acatando, pese a intentar "hacer ver" que desobedece.