La ley de memoria democrática reconocerá la persecución del catalán durante el franquismo

Tras meses olvidada en un cajón, la nueva ley de memoria democrática ha adquirido velocidad de crucero. Este martes, se ha cerrado un texto definitivo que cuenta con el respaldo de una mayoría del Congreso, después de que el Gobierno haya logrado atraer a EH Bildu al 'sí' a la norma, y pese a que con ERC aún no se ha cerrado ningún acuerdo. Entre las modificaciones pactadas con algunas fuerzas está el reconocimiento explícito de la "política de persecución y represión" contra el catalán, el vasco y el gallego durante la dictadura franquista.

PSOE, Unidas Podemos, PDECat y Más País han acordado introducir este nuevo punto en la ley que, primero, deberá ser aprobada en la Comisión Constitucional el próximo lunes 4 de julio y, después, por en un pleno extraordinario del Congreso. Los planes que barajan en el Gobierno es que obtenga el visto bueno de la Cámara Baja en la primera quincena de julio, con el apoyo del PNV, EH Bildu, PDECat, Más País y otros partidos minoritarios. Con esta aritmética, el 'sí' de ERC, muy crítica con la norma, sería innecesario.

Entre las enmiendas pactadas también se introduce un cambio por el cual se establece como víctimas de la dictadura a "las comunidades, las lenguas y la cultura vasca, catalana y gallega en sus ámbitos territoriales lingüísticos, cuyos hablantes fueron perseguidos por hacer uso de estas". También se incluye en este listado a las "instituciones de autogobierno catalanas y vascas y las corporaciones locales". En este sentido, se apunta que serán "objeto de las medidas específicas de reconocimiento y reparación contempladas en la ley".

Ampliar la investigación

Entre los acuerdos alcanzados con EH Bildu y que han llevado a la formación aberzale hacia un voto favorable está la ampliación de las investigaciones sobre hipotéticas vulneraciones de los derechos humanos hasta el 31 de diciembre de 1983. El texto promueve la creación de una comisión "de ámbito estatal, de carácter académico, temporal y no judicial, independiente" que ayude en el esclarecimiento de las violaciones de los derechos humanos durante la guerra civil y la dictadura.

En este sentido, con la nueva redacción, se propone también la creación de otra comisión técnica que elabore un estudio sobre los "supuestos de vulneración de derechos humanos a personas por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos" hasta el 31 de diciembre de 1983. Esto supone abrir la puerta a investigar las actuaciones de los gobiernos de Adolfo Suarez, Leopoldo Calvo Sotelo y el primer año de Felipe González como presidente. La intención, por tanto, de EH Bildu podría ser investigar la acción de los GAL. 

Otras dos medidas que la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, ha considerado especialmente simbólicas, son el compromiso del Gobierno para adecuar como lugar de memoria el fuerte de San Cristóbal en Pamplona, usado como "cárcel franquista para presos políticos", y la cesión al Ayuntamiento de San Sebastián del Palacio de la Cumbre, donde "torturaron" en 1983 a los miembros de ETA Lasa y Zabala.

La ilegalidad del régimen

Por otro lado, se ha modificado el primer artículo de la ley para declarar "ilegal el régimen" franquista, una de las peticiones que puso ERC sobre la mesa al inicio de la negociación y que en el PSOE no terminaron de aceptar. También se añade que los tribunales franquistas, declarados "ilegítimo" en el texto inicial, son también "ilegales" y, por lo tanto, la nulidad de las sentencias que impusieron. Esto incluye, entre muchas otras, la del 'president' de la Generalitat Lluís Companys, de cuyo fusilamiento se cumplieron 80 años el pasado 15 de octubre.

La norma preveía la creación de un inventario de los bienes expoliados durante la Guerra Civil y la dictadura, así como el reconocimiento y reparación de las víctimas que realizaron trabajos forzados. En los cambios incluidos se recoge el derecho al resarcimiento de los bienes incautados y las sanciones económicas producidas por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencias religiosas. En este sentido, se creará una comisión que analizará las medidas de reparación de carácter económico dirigidas a las víctimas de la guerra y la dictadura.

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