PSC, ERC y 'comuns' pactan modificar la inmersión lingüística sin porcentajes de catalán ni de castellano

Alianza a tres bandas para que el catalán siga siendo lengua vehicular y el castellano sea certificado como lengua docente en las aulas de Catalunya. PSC, ERC y ‘comuns’ registraron este jueves una iniciativa en el Parlament para retocar la ley de política lingüística de 1998 y poder encajar la sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que fija el 25% de obligatoriedad lectiva en castellano. 

Junts, que en un primer momento había suscrito el acuerdo, decidió por la noche por sorpresa retirarse del pacto, después de una jornada de tensiones internas, en la que una parte del partido expresó su malestar por no haber sido informada con antelación y considerar que la medida puede abrir la puerta a más horas de castellano en las aulas.

La proposición de ley, que se tramitará por la vía de urgencia y tiene respaldo suficiente para salir adelante, fructificó apenas 24 horas antes de agotar el plazo de cumplimiento dado por el tribunal y plantea que el catalán sea «la lengua normalmente empleada como lengua vehicular» y el castellano «también empleado en los términos que fijen los proyectos lingüísticos de cada centro».

Esto es, sin porcentajes (en contra de lo que dicta el TSJC), por lo que cada centro deberá decidir el uso de cada lengua atendiendo a su realidad sociolingüística y a la evolución de los aprendizajes de los alumnos que quedan recogidos en las competencias básicas.

Para que todos finalicen su formación con un dominio oral y escrito de ambas lenguas, «la enseñanza de las lenguas oficiales y en las lenguas oficiales tiene que tener garantizada una presencia adecuada en los currículos», algo que, según varias fuentes, puede dar margen a los maestros y profesores para emplear indistintamente una u otra lengua si se cumple con el plan que decida cada centro.

Lectura única

El texto será tramitado por lectura única, por lo que previsiblemente se votará en el siguiente pleno del Parlament, del 5 al 7 de abril, justo antes de Semana Santa. Paralelamente, el ‘conseller’ d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, está preparando un decreto del Govern que seguirá el «espíritu» de esta reforma.

Autonomía de los centros

Los partidos soberanistas presentes en la negociación (ERC e inicialmente también Junts) aseguraron tras la presentación del acuerdo que con esta reforma se pretende dar más herramientas a los centros educativos para que puedan intentar esquivar la aplicación de la sentencia, aunque voces socialistas dudan de que esto sirva como cobertura cuando algunas familias pidan la ejecución forzosa del fallo del TSJC. Los firmantes sí defienden, en todo caso, que permite actualizar el consenso sobre la defensa del catalán en las escuelas y que mantiene esta lengua como «centro de gravedad» de la educación en Catalunya.

En un comunicado, los partidos que impulsaron los retoques subrayaron que esta nueva regulación «pone el énfasis en el hecho de que los proyectos lingüísticos se basarán en los resultados de las evaluaciones del alumnado en las lenguas oficiales, partiendo de la autonomía de los centros educativos y de su adaptación a la situación sociolingüística».

Así, reconocieron que «la escuela catalana se ha transformado desde muchos puntos de vista en una realidad socialmente plurilingüe, que ya no se basa únicamente en el modelo de clase magistral y libre de texto, sino que está en proceso de transformación hacia un modelo educativo mucho más participativo y abierto al mundo».

Propuesta de la CUP

La presentación de esta modificación se desarrolló horas después de que la CUP presentara otra propuesta, la suya sobre la ley de educación, para establecer que el catalán sea la «única» lengua vehicular en los centros educativos, algo que fue rechazado.

Los anticapitalistas fueron avisados el miércoles por la noche de que se estaba cosechando una propuesta entre PSC, ERC, Junts y los ‘comuns’, una mayoría de la que no formaron parte. Tras un encuentro con representantes de los grupos independentistas, certificaron que no iban a contar con su apoyo. En el hemiciclo, la diputada de la CUP Dolors Sabater acusó al Govern de «rubricar la sentencia de muerte» del catalán y de renunciar «por siempre jamás a la inmersión lingüística».