La Audiencia Nacional abre causas contra jefes etarras con pocos visos de prosperar

Periódicamente las asociaciones de víctimas del terrorismo intentan buscar nuevas vías con las que reactivar la investigación de los atentados de ETA que aún no se han podido esclarecer y que la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) cifra en 315. En la Audiencia Nacional hay actualmente dos iniciativas que se desarrollan en paralelo. Una es la protagonizada por la fiscalía y la propia AVT, por la que se han reabierto una decena de atentados para tratar de identificar a sus autores y juzgarlos. De la otra lleva la batuta Dignidad y Justicia, que pretende que las cúpulas de ETA respondan por los crímenes cometidos bajo su mandato.

En esta segunda es donde se ha imputado a casi una veintena de exjefes de ETA por el atentado de la T-4 del aeropuerto de Madrid en 2006, el asesinato del magistrado del Tribunal Supremo Francisco Querol en 2000 y el del concejal del PP de Ermua Miguel Ángel Blanco, en 1997.

Las querellas atribuyen a la cúpula etarra una autoría mediata, basada en la jerarquía con la que actuaba la banda terrorista, por la que defienden que los jefes deben responder por todos los atentados cometidos por los comandos durante su mandato. Es un tipo de autoría que no debe confundirse con la autoría intelectual, que es como se castiga en la legislación española a los inductores, y que fue la expresión utilizada fundamentalmente por los conspiranoicos para poner en duda la instrucción de los atentados yihadistas del 11-M.

Con independencia del tipo de autoría en el que se basa la iniciativa, el problema es que las fuentes jurídicas consultadas por EL PERIÓDICO auguran un difícil futuro a los procedimientos abiertos por esta vía, más allá de la admisión a trámite de las querellas, a la que los jueces están poco menos que obligados si los hechos que denuncian son verosímiles, algo de lo que en un atentado terrorista no hay duda alguna.

No obstante, admiten que la relativa a Miguel Ángel Blanco, cuya admisión a trámite ha contado con el apoyo de la fiscalía, se diferencia de las demás, porque la forma en que se cometió el secuestro del edil de Ermua y su asesinato supuso un pulso al Estado por parte de la cúpula de ETA que propicia investigar su responsabilidad más que otros casos.

Condenas a jefes

En cualquier caso, antes de estas querellas, entre las que también se enmarca la presentada por Covite por el asesinato del diputado vasco del PP Gregorio Ordóñez, en 1995, la Audiencia Nacional ya ha condenado a jefes de ETA por atentados concretos. A Soledad Iparragirre, 'Anboto', fue porque se le intervino un documento que la vinculaba con un asesinato concreto y a Xabier García Gaztelu, 'Txapote', una agenda con las fechas en que se había reunido con el comando que lo había cometido, pruebas que se entendieron suficientes para condenarles. También fue a fuerza de indicios concretos por los que se procesó a Joseba Andoni Urrutikoetxea Bengoetxea, 'Josu Ternera', por el atentado de la casa cuartel de Zaragoza.

Pero Dignidad y Justicia va por otro lado. Como ya hizo con la querella que presentó por lesa humanidad contra jefes etarras, quiere que la justicia depure responsabilidades de la cúpula porque como jefes tenían el dominio de los comandos y de sus acciones, por lo que deben responder por ellos. De momento, los juzgados centrales a los que les han correspondido sus escritos están a la espera de informes de la Guardia Civil para determinar el siguiente paso a seguir.

Imputados

Por la T-4 están imputados 'Josu Ternera'; Airtzol Iriondo, 'Gurbitz'; Mikel Carrera Sarobe, 'Ata', y Ainhoa Ozaeta, 'Kuraia'. Por el asesinato de Gregorio Ordóñez se intenta determinar la responsabilidad de Ignacio de Gracia Arregi, 'Iñaki de Rentería'; José Javier Arizkuren Ruiz, 'Kantauri'; Mikel Albisu, 'Mikel Antza'; Julián Achurra Egurola, 'Pototo', y Juan Luis Agirre Lete, 'Isuntza'.

En el caso de Miguel Ángel Blanco, cuyos autores materiales ya fueron condenados, la querella se dirige contra 'Iñaki de Rentería', 'Kantauri'; 'Anboto'; 'Mikel Antza'; Juan Carlos Iglesias Chouzas, 'Gadafi', y Asier Oyarzabal, 'Baltza'.

La presentada por el asesinato de Querol se dirige contra el entonces jefe del comando Madrid, Gorka Palacios, así como 'Iñaki de Rentería'; 'Gadafi';' Txapote'; 'Baltza'; 'Anboto'; ; 'Mikel Antza'; Juan Antonio Olarra, 'Jokin'; Ainhoa Mugica, 'Olga';  Vicente Goikoetxea, 'Willy', y Ramón Sagarzazu, 'Ramontxo'.

Entre la decena de sumarios reabiertos gracias a la labor que desarrollan la fiscalía de la Audiencia Nacional y la AVT para acabar con la impunidad de los atentados pendientes de esclarecer figura también el asesinato del magistrado Querol, así como el del presidente del PP de Aragón Manuel Giménez Abad, en 2001, por el que el juez envió a prisión en junio de 2020 a Miren Itxaso Zaldua Iriberri, y el de dos ertzainas asesinados en Beasain en 2000, por el que también está ella imputada junto a 'Ata'.

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