El fiscal pide tres años de cárcel para el jefe de la oficina de Puigdemont

La Fiscalía de Barcelona reclama tres años de cárcel y 17 años de inhabilitación para el historiador Josep Lluís Alay, jefe de la oficina del 'expresident' Carles Puigdemont, acusado de haber pagado con fondos públicos un viaje de 2018 como observador del referéndum de Nueva Caledonia, pese a ser "ajeno a sus funciones".

En su escrito, el ministerio público atribuye Alay los delitos de malversación de caudales y prevaricación administrativa y solicita que se le condene, además de a prisión e inhabilitación, a indemnizar a la Generalitat con los 4.732 euros, el montante que costó el viaje y que fue asumido por la Conselleria de Presidència a cargo del presupuesto de la Oficina del President. El juzgado que ha investigado el caso ha enviado a juicio a Alay y le pide que en 24 horas deposite esta cantidad para hacer frente a una eventual responsabilidad civil.

La causa se deriva de una querella por malversación que presentó la fiscalía y en la que también estuvo investigada la actual secretaria de la Conselleria de Salut, Meritxell Masó, por haber autorizado los gastos cuando estaba en Presidència, aunque la jueza instructora archivó la causa contra ella.

La fiscalía sostiene en su escrito de acusación, presentado ante el juzgado que investiga el caso, que Alay contrató en octubre de 2018 el vuelo a Nueva Caledonia "abusando" de su condición de responsable de la oficina de Puigdemont, "excediéndose en sus funciones" y "apartándose de su obligación de servir a intereses generales propios de la administración pública".

Beneficio particular

Los gastos fueron autorizados por Masó y, tras su fiscalización por parte de la Intervenció General de la Generalitat, fueron asumidos por Presidència, que pagó el vuelo a la agencia de viajes y el resto de facturas, como peajes y manutención, "directamente" a Alay, quien según la fiscalía consiguió así "un claro beneficio económico particular".

Teniendo en cuenta "sus funciones y actividades" como responsable de la Oficina de Puigdemont, sostiene la acusación, cuando Alay reclamó los gastos "lo hizo a sabiendas de que se trataba de viaje personal y ajeno a sus funciones" y de que "no existía razón alguna que justificara el pago con cargo a su dotación presupuestaria pública, de la que él mismo tenía el control y la gestión".

Según la fiscala Teresa Duerto, el acusado presentó la propuesta de pago a Masó "haciendo constar expresamente que se trataba de documentación indispensable" para que la secretaria de Presidencia aprobara el gasto, lo que provocó que esta acabara adoptando "una resolución manifiestamente arbitraria e injusta".

Abono indebido

La actuación de Alay, prosigue, motivó que los gastos del viaje "se abonaran indebidamente a cuenta del erario" de la Generalitat, "con un claro perjuicio económico" para este último, por más que los funcionarios que tramitaron este gasto "no actuaran a sabiendas de que de ese modo estaban sufragando unos gastos personales con dinero público".

Alay está siendo investigado también por el juez de Barcelona Joaquín Aguirre por el 'caso Voloh' de presunta corrupción y financiación del 'procés' y por la Audiencia Nacional por presuntamente participar en la organización de la plataforma independentista Tsunami Democràtic, promotora de múltiples actos de protesta.