Anticorrupción pide 6 años de cárcel para Ignacio González por el campo de Golf del Canal de Isabel II

La Fiscalía Anticorrupción solicita seis años de cárcel y 16 de inhabilitación para el expresidente madrileño Ignacio González, y la misma pena para el que era director del Canal de Isabel II entre 2003 y 2009, Ildefonso de Miguel, y otros tres acusados por dos delitos de cohecho por las irregularidades que presuntamente cometieron durante la adjudicación de las obras para la construcción de un campo de golf en unos terrenos de la empresa pública madrileña, pieza incluida en el caso Lezo.

En junio de 2004 desde la dirección del Canal de Isabel II, que ocupaban De Miguel y González, que como vicepresidente de la Comunidad de Madrid presidía el organismo, "con el fin de beneficiar a familiares de este último, se impulsó y facilitó la tramitación de un modificado de un concurso" adjudicado a Dragados un año años antes, para impermeabilización y ajardinamiento de uno de los depósitos del Canal.

El cambio consistió en convocar una nueva licitación que le volvería a ser adjudicada a Dragados, siempre y cuando "subcontratara para determinados trabajos a la empresa Tecnocroncret Proyectos de Ingeniería (TCT), cuyos socios eran los acusados José Antonio Clemente Marín, Pablo Manuel González González y Juan José Caballero Escudier, aunque estos dos últimos, hermano y cuñado del acusado Ignacio González, ostentaban su titularidad a través de personas interpuestas con el fin de ocultar sus vínculos familiares con este".

Anticorrupción afirma que "la actuación conjunta de los acusados permitió que TCT, empresa sin capacidad técnica para efectuar ninguno de los trabajos encomendados, se interpusiera innecesariamente y se beneficiara indebidamente con ambas adjudicaciones, obteniendo un beneficio de, al menos, 504.780 euros, financiado con los fondos públicos asignados a tales contrataciones".

Subcontratación

Para la liquidación de los trabajos objeto de subcontratación, los tres acusados de TCT convinieron con los responsables de Fielturf y Only Golfque, al emitir sus facturas contra su empresa por cada unidad de obra, minoraran en un 8% el importe que había sido aprobado originalmente por Dragados para esa misma partida, generándose de esta forma la comisión. Así entre el 30 de noviembre de 2006 y el 28 de febrero de 2007, Fieldturf emitió a TCT tres facturas por importe total de 270.204 euros y la otra empresa en un periodo similar emitió 11 por importe total de 2.605.805 euros.

TCT no abonaba estas facturas hasta que Dragados no le pagaba las facturas que, a su vez, le emitía por esos mismos trabajos con su propia comisión. Entre el 3 de agosto de 2006 y el 4 de septiembre de 2007 el contable de TCT, siguiendo las instrucciones de los tres acusados, emitió trece facturas contra Dragados por 3.257.039 euros, de forma sucesiva y correlativa a las catorce facturas emitidas por las dos subcontratadas por 2.876.010, lo que supuso un beneficio de 381.029 para TCT por "su innecesaria e impuesta intermediación".

Pablo Manuel González cobró 101.348 euros, que le fueron abonados entre el 7 de noviembre de 2006 y el 29 de marzo de 2008 mediante 20 entregas en efectivo, mientras que José Juan Caballero Escudier recibió 94.425, pagados entre el 16 de enero de 2007 y el 29 de marzo de 2008 mediante 11 entregas en efectivo. Al acusado José Antonio Clemente Marín, como no era familia de González le tocó menos: 71.199. Estos pagos son similares a los que se hacen a empresas instrumentales, señala Anticorrupción.

Segundo cohecho

En 2006, Ignacio González e Ildefonso de Miguel, "prevaleciéndose de los cargos públicos del máximo nivel que ostentaban en el ente público, dirigieron su actuación a asegurar la contratación de la sociedad TCT en dos concursos públicos promovidos por dicho organismo", pese a que "carecía de todo medio para ejecutar los trabajos contratados (...). Esa contratación, de todo punto innecesaria e irregular, que supuso para TCT un beneficio total de 504.780 euros -381.029 en el primer caso y 123.751 en el segundo- fue solicitada e impuesta de común acuerdo por todos los acusados a las adjudicatarias como condición para obtener las adjudicaciones". En esta ocasión se subcontrató la conservación del césped.