El inspector Morocho sospecha que le dieron información falsa sobre Bárcenas para forzar una nulidad

Si parecía que el inspector Manuel Morocho no podía añadir más a las malas prácticas policiales en el 'caso Kitchen' que llevaron al juez Manuel García-Castellón a calificar de "desolador" el panorama que le dibujaba el martes, este viernes se ha comprobado que aún tenía más que contar. Ante el instructor del dispositivo parapolicial desarrollado para arrebatar a Luis Bárcenas lo que pudiera guardar que comprometiera al PP ha asegurado que sospecha que le dieron información falsa, sobre la salida de España del extesorero del PP un domingo, para forzar su arresto y con ello la nulidad de las actuaciones o por lo menos un error en su actuación.

Fuentes presentes en la declaración señalaron a EL PERIÓDICO que Morocho continuó detallando las presiones que sufrió para alterar sus informes y rebajar los indicios que encontraba contra el PP. Así le obligaron a retirar en uno de ellos la expresión “el flujo de dinero genera una propensión de favores”, porque se lo pidió un superior.

En el de Unifica sobre el pago en negro de parte de la sede del partido, que estuvo un mes pendiente de vistos buenos, sus jefes le hicieron ver que con sus cambios lo había dejado peor y le llegaron a comentar que el ministro había dicho que tenían "que hacer ya el informe de las constructoras” donantes del partido, porque el "objetivo era cerrar ya la investigación", sin poder concretar las conductas presuntamente delictivas.

Sin fiarse del despacho del juez

Morocho añadió determinados detalles como el comisario José Luis Olivera, imputado este jueves, le pidió el número de teléfono de la esposa de Bárcenas, Rosalía Iglesias, y que su superior en la UDEF, Manuel Vázquez, le dijo que por orden del que era número dos de la policía, Eugenio Pino, "debía quitar en el encabezamiento la referencia" a esa unidad policial, lo que solo se prestó a hacer en un informe de mayo de 2013. Las quejas contra su trabajo se repetían e incluso le acusaron de escribir muy duro, porque buscaba titulares periodísticos.

La situación llegó a un extremo en que el primer instructor del 'caso Gürtel', Pablo Ruz, le pidió que hiciera un barrido de su despacho en busca de aparatos de escucha y llegaron a utilizar la oficina judicial en vez del despacho del magistrado para salvaguardar la integridad de sus conversaciones.