El fiscal reclama seis años de prisión para Buch por el escolta de Puigdemont

La Fiscalia Superior de Catalunya reclama en su escrito de acusación seis años de prisión y 27 años de inhabilitación para el 'exconseller' de Interior Miquel Buch por, supuestamente, facilitar un servicio de escolta al 'expresident' Carles Puigdemont en Bélgica y crear una plaza de asesor para que esta labor corriera a cargo del erario. La acusación pública atribuye a Buch delitos de malversación y prevaricación, y solicita también cuatro años y seis meses de prisión e inhabilitación para el mosso Lluís Escolà Miquel, la persona que realizó esta labor. El 'exconseller' aseguró que este proceso es "una pieza más de la causa general contra el independentismo".

El fiscal Pedro Ariche sostiene que el sargento de la policía de la Generalitat prestó "servicio activo" en el cuerpo catalán hasta el 29 de octubre de 2017, siendo jefe del área de escoltas del entonces 'president'. Dos días antes, el BOE publicó las medidas de aplicación del artículo 155 de la Constitución, que ordenaba, entre otras cosas, el cese de Puigdemont. A partir de esa fecha, se mantuvo el dispositivo seguridad para el mandatario, pero reduciendo los efectivos.

El 28 y 29 de octubre de 2017 (los días posteriores a la DUI), Escolà, atendiendo a la petición "expresa" de Puigdemont, se presentó en el domicilio de este en Sant Julià de Ramis, en Girona, y organizó, con la ayuda de otros dos mossos, un dispositivo "clandestino" que les permitió acompañar al 'expresident' hasta Francia, donde tomó un avión que lo condujo a Bélgica. A raíz de una investigación interna, el policía imputado fue trasladado a la comisaría de Martorell de forma provisional, donde, después de su incorporación, cogió la baja laboral.

Viajes al extranjero

La fiscalía alude a que desde el 30 de octubre de 2017 hasta el 20 de julio de 2018, Escolà "no ejecutó un solo de servicio activo" y, en cambio, realizó numerosas salidas al extranjero, "al objeto de prestar labores de custodia y seguridad" para Puigdemont, "a requerimiento del mismo y en aras a la relación de mutua confianza que mantenían". Así viajó en esa época a Bruselas y Lovaina (Bélgica), Copenhague (Dinamarca) y Hamburgo (Alemania).

Después de los intentos para que Puigdemont continuara teniendo las prerrogativas como 'expresident', el 12 de julio de 2018, el entonces director general de los Mossos, siguiendo instrucciones de Buch, dirigió una carta a la secretaría de Estado de Seguridad en la que le instaba, si lo consideraba oportuno, a organizar la seguridad del exmandatario en el extranjero. "Sin respuesta" y ante la "convicción" de que la petición formulada sería desestimada, Buch, recalca la fiscalía, decidió seguir adelante con lo acordado con Puigdemont y "facilitarle un servicio de protección".

Para ello, el 19 de julio de 2018, el director general de la policía de la Generalitat puso fin al expediente disciplinario de Escolà. Al día siguiente, a propuesta de Buch, se creó el expediente para posibilitar una nueva plaza de asesor en la 'conselleria' para que fuera ocupado por este mosso. El fiscal subraya que la designación como asesor en materia de sistemas de seguridad "constituía" un acto de "mera arbitrariedad", ya que solo respondía al propósito de "procurar" desde el Govern y con cargo a fondos públicos un servicio de escolta a Pugidemont. La acusación incide que el policía imputado realizó esta actividad. De los 224 días que Escolà fue asesor de Interior, 103 permaneció fuera de España y en otros 20 se desconoce su ubicación. Sus honorarios ascendieron a 52.712 euros.