Anticorrupción pide 9 años de cárcel para Jordi Pujol

La Fiscalía Anticorrupción solicita nueve años de cárcel en el 'caso Pujol' para el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol Soley por los delitos de asociación ilícita y blanqueo de capitales que entiende que cometió junto al resto de su familia, "al menos desde el año 1991", con "la ingente cantidad de dinero" que ocultaron en Andorra, fruto del "favorecimiento a determinados empresarios para que resultaran adjudicatarios de distintos concursos públicos de la administración pública catalana".

El ministerio público solicita la mayor pena para su hijo mayor, Jordi Pujol Ferrusola, que suma 29 años de cárcel por esos mismos delitos más los de falsedad en documento mercantil, cinco contra la Hacienda Pública y frustración de la ejecución, delito que también comparte con su exesposa por el piso que vendieron a su hija. Su exmujer, Mercè Gironès, se enfrenta a la segunda pena más alta: 17 años. El primogénito fue el designado por Jordi Pujol y por su esposa, Marta Ferrusola, para gestionar los fondos que tenían en Andorra y para que se ocupara de distribuirlos entre todos los miembros de la familia. La fiscalía no la menciona a ella, porque este mismo viernes ha sido exonerada de la causa por el juez por demencia sobrevenida.

Para Josep Pujol, la petición de pena se queda en 14 años de cárcel por asociación ilícita, blanqueo, delito fiscal y falsedad. El resto de los hermanos, Pere, Oleguer, Oriol, Mireia y Marta, se enfrentan a ocho años, por los dos primeros delitos. Aunque el juez proponía juzgar a los miembros de la familia Pujol por organización criminal, la fiscalía se ha decantado por el delito de asociación ilícita, al ser el previsto cuando se inició la conducta presuntamente delictiva que les atribuye y considerarlo el más beneficioso para el reo. Por el blanqueo pide, además, que se les imponga una multa por el importe al que ascendió: 38,8 millones de euros, 8 de dólares, 2,7 de marcos y 95.350 libras.

Sin herencia

Anticorrupción no da crédito a la versión ofrecida por la familia de que el dinero de Andorra procedía de la herencia de Florenci Pujol, padre del 'expresident', para prevenir los problemas que pudiera tener el patriarca por dedicarse a la política, y afirma en su escrito que este acordó con su esposa que los fondos procedentes de la actividad ilícita ejecutada durante los años anteriores se distribuyesen en cuentas abiertas a nombre de ella, desde las que, en ocasiones, ordenó movimientos bajo la identidad de "madre superiora", y de sus hijos en la Banca Reig, que luego se fusionaría con Banc Agrícola dando lugar al Andbank.

Según el fiscal, Jordi Pujol Soley aprovechó su posición política para tejer una red de clientelismo conforme a la que él mismo y determinados empresarios afines al partido que lideraba, CDC, se repartían "los cuantiosos beneficios procedentes de concursos públicos cuya resolución dependía de las diferentes administraciones catalanas bajo el control" de dicha formación.

Paraísos fiscales

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El patrimonio ilícitamente obtenido, prosigue la fiscalía, fue ocultado a Hacienda y lo fueron aflorando mediante sistemáticas operaciones de blanqueo en las que intervinieron los miembros de la familia de manera coordinada durante muchos años. El matrimonio Pujol-Ferrusola dirigía las operaciones de ocultación y afloramiento; Jordi, Josep, y Mercè Gironès gestionaron los beneficios obtenidos y, junto al resto de sus hermanos, se beneficiaron "directa y conscientemente del producto de las conductas anteriores, coadyuvando a su ocultación". Para ello, crearon sociedades domiciliadas en paraísos fiscales, abrieron cuentas a nombre de terceras personas y hicieron múltiples transferencias e ingresos en efectivo para repartirse los fondos ilícitos y disponer de ellos en sus cuentas en Andorra.

El ministerio fiscal acusa también a una decena de empresarios, cuya cooperación considera necesaria para que la familia pudiera cometer el delito de blanqueo de capitales. Para ellos solicita cinco años de prisión y multas en distinta moneda. Según los supuestos negocios en los que colaboraron con los Pujol y su correspondiente importe, las multas oscilan entre los 281.444 euros que propone para Carles Sumarroca y los 48 millones para Luis Delso.