La fiscalía archiva el chat de militares al no apreciar delito

La Fiscalía de Madrid ha archivado la investigación que abrió a instancias del Ministerio de Defensa por el chat de un grupo de militares de la 19ª promoción de la Academia General del Aire que hablaba de dar un golpe de Estado y de “fusilar a 26 millones de hijos de puta”. El ministerio público considera que los mensajes "podrán ser inapropiados, excesivos y desafortunados", pero no constitutivos de un delito de odio, porque se enviaron en un grupo “privado” de Whatsapp, en el que se participaba “con libertad” y “en la confianza de estar entre amigos”, sin que existiera voluntad de publicitar sus palabras fuera de ese ámbito.

Los altos mandos del grupo de Whatsapp del que se tuvo noticia por Infolibre enviaron, además, una carta al Rey “exteriorizando o desvelando una postura franquista y de ultraderecha”. Entre los firmantes estaba el autor del mensaje que proponía los fusilamientos. Su crítica al Gobierno se basaba, según la fiscalía, en el acoso que decía que ejercía sobre el Poder Judicial y la amenaza que ello supone para la separación de poderes.

Defensa informó a fiscalía de que los integrantes del grupo pasaron al retiro hace muchos años, “algunos hace más de 40”, por lo que ni siquiera están en la reserva, lo que impide al ministerio actuar contra ellos administrativa o disciplinariamente. Tras constatar, a través de la Brigada Provincial de Información, la existencia de los mensajes y la privacidad del grupo, la fiscalía considera que “no concurren los elementos que permitan inferir que el chat fue creado al objeto de promover, fomentar o incitar al odio, hostilidad o violencia hacia un colectivo de los expresamente contemplados como grupo”.

Opinión contra el Gobierno

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A su juicio, los mensajes, “aisladamente” contemplados, “constituyen la exteriorización de una oposición a acciones indeterminadas y generales del Gobierno”, enmarcada en el derecho a la libertad de expresión y de opinión, “garantías institucionales para el debate público, que posibilita la formación de una opinión pública libre”.

Esas libertades son más amplias que la libertad de información, que para su legitimidad requiere de veracidad, a diferencia de “la emisión de juicios personales y subjetivos, creencias, pensamientos y opiniones" que "no pueden ser calificadas como veraces o inveraces en una sociedad democrática avanzada”.