AUDIENCIA NACIONAL
Procesado Gonzalo Boye, el abogado de Puigdemont, por blanqueo del narcotráfico
La trama pretendía introducir en España casi cuatro toneladas de cocaína
Entre los encausados figura Prado Bugallo, conocido como Sito Miñanco.
La jueza atribuye al letrado del expresidente diseñar operación fictícia
J. G. Albalat
Redactor
Ha trabajado en el Diario de Barcelona, El País y AVUI. Desde hace años en El Periódico cubriendo los acontecimientos judiciales. Premios Ortega y Gasset, Save the Children, Ramon Barnils y Josep Maria Planes por la investigación del 'caso Maristas' sobre abusos sexuales en los colegios. En el 2016, mención honorífica de la Generalitat en el Día de la Justicia. Colaborador de publicaciones jurídicas. Profesor asociado Master de Criminología de la Universitat de Barcelona.
La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha procesado a José Ramón Prado Bugallo, conocido como Sito Miñanco, y a otras 45 personas, incluido Gonzalo Boye, abogado de los expresidentes catalanes Carles Puigdemont y Quim Torra, al que le atribuye el delitos de blanqueo de capitales en el seno de una organización criminal, procedente del narcotráfico, en concurso con una presunta falsificación. La magistrada ha dictado esta resolución en una causa donde se investigan dos operaciones que pretendían introducir en España casi cuatro toneladas de cocaína, así como la creación de un entramado para blanquear el dinero. Además, fija fianzas para cubrir las eventuales responsabilidades económicas y que ascienden a 131,5 millones de euros.
La magistrada relata cómo uno de los correos humanos que el grupo de Sito Miñanco utilizaba para enviar el dinero a Colombia fue interceptado por la policía. El 6 de febrero de 2017 varios de los investigados fueron detenidos en el aeropuerto de Barajas cuando transportaban oculto en el fondo de su equipaje 889.620 euros. Ante esta aprehensión, dos de los ahora procesados iniciaron las acciones para recuperar el dinero.
Para encontrar la forma de hacerlo, Sito Miñanco y dos colaboradores se reunieron con los abogados Gonzalo Boye y Jesús Morán Castro. Ese encuentro, según la togada, los letrados les informaron que elaborarían unos documentos y presentarían unos contratos de compraventa de letras de cambio de acuerdo con los cuales, otro de los procesados, las habría vendido a terceros unos días antes de la aprehensión del dinero en Barajas.
Ese pretendido negocio, según la togada, “no presentaba lógica comercial alguna", por cuanto en algunos casos, las letras de cambio ya estaban vencidas cuando supuestamente se vendieron y, en otros, el documento mercantil era de fecha anterior al préstamo hipotecario en virtud del cual se emitía.
La juez concluye que Boye, Morán y un tercer abogado, conociendo la existencia de dichas letras cambiarias y "el carácter ficticio de la operación comercial, diseñaron y confeccionaron los documentos con el objeto de simular" que se habían vendido esas letras antes de la incautación del dinero en Barajas y las presentaron en el expediente sancionador, "a sabiendas de su falsedad y de que la operaciones de compraventa eran ficticias". El objetivo, añade, era "recuperar el dinero intervenido y ocultar que el mismo procedía del narcotráfico en última instancia”. El abogado ha asegurado a este diario que "los hechos no se corresponden con la realidad y más pronto que tarde así se demostrará".
Desde la cárcel
El auto de la jueza, que recoge la solicitud de la Fiscalía Antidroga, detalla que esta investigación se inició en febrero de 2016, cuando Sito Miñanco estaba cumpliendo condena de 16 años en la cárcel de Algeciras y disfrutaba ya del tercer grado, lo que le permitía trabajar en un parking de esa localidad. Según la togada, su actividad continuaba siendo la introducción y distribución de sustancia estupefaciente en España, por cuanto mantenía sus contactos en organizaciones suministradoras de la droga en Sudamérica y la infraestructura necesaria.
El entramado lo dirigía Sito Miñancos "con un marcado carácter personalista", junto a colaboradores de su "máxima confianza", como Enrique García Arango y Juan Antonio Fernández Fernández, también condenados por narcotráfico. Los investigadores han podido identificar dos operaciones concretas a través de las que se pretendía introducir enormes cantidades de cocaína en España. Fueron las correspondientes a la intervención del buque Thoran, abordado en 2017 cuando transportaba 3.3 toneladas de cocaína y la aprehensión, en noviembre del mismo año, de un contenedor de cocaína en Países Bajos que ocultaba 615 kilos de la misma sustancia. La resolución incluye la estructura societaria atribuida a Sito Miñanco.
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