DECISIÓN JUDICIAL

El juez admite como acusación en el 'caso Voloh' a cinco entidades constitucionalistas

El magistrado les ha fijado una fianza de 1.000 euros para comparecer en la causa

David Madí, en el centro, llega a su despacho para presenciar el registro, el pasado día 28 de octubre.

David Madí, en el centro, llega a su despacho para presenciar el registro, el pasado día 28 de octubre. / FERRAN NADEU

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J. G. Albalat

El juez de Barcelona Joaquín Aguirre, que investiga el ‘caso Voloh’ sobre el presunto desvío de fondos hacia el ‘procés’, ha admitido a cinco entidades catalanas del entorno constitucionalista como acusación popular. Entre los imputados en la causa figura el exdirigente de CDC, David Madí, el 'exconseller' de ERC, Xavier Vendrell, y el empresario y activista Oriol Soler, miembros del 'estado mayor' del expresidente Carles Puigdemont, entre otras 18 personas. Esta es una pieza separada de otra causa en la que se investiga si subvenciones otorgadas por la Diputación de Barcelona en la época de CiU, entre otras instituciones, fueron a parar a entidades soberanistas para promover la independencia de Catalunya.

Las entidades que ejercerán la acusación son: Barcelona amb la Selecció, Catalunya Suma por España, Impulso Ciudadano, Associació de Juristes Constitucionalistes per les Llibertats y Societat Civil Catalana. Estas asociaciones actuarán con una única representación procesal, que ha sido asumida por los abogados José María Fuster-Fabra, Luis Gómez y Miguel Capuz. El juez les ha fijado una fianza 1.000 euros para comparecer. El fiscal no se opuso a su personación.

Orden constitucional

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Según estas entidades, la razón que motiva su iniciativa es "la gravedad de los hechos investigados que perseguían la destrucción del orden constitucional vigente y que, presuntamente, han supuesto un desvío de fondos públicos". Por ello, estiman que "es necesario llegar hasta el final y depurar todas las responsabilidades que se deriven de los hechos investigados".

La Guardia Civil está analizando en la actualidad el material incautado en la treintena de entradas y registros que se practicaron el pasado 28 de octubre. La Audiencia de Barcelona, por su parte, debe resolver los recurso que presentaron las defensa y en los que solicitaban la anulación de las intervenciones telefónicas que dieron pie a la operación policial.