27 sep 2020

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OPERACIÓN KITCHEN

El juez apunta a "órganos superiores de la Administración central" en el espionaje a Bárcenas

El magistrado levanta el secreto del sumario sobre el dispositivo policial para frustar la investigación de la caja B del PP

Aún no ha decidido sobre la imputación de Fernández Díaz y Cospedal solicitada por Anticorrupción

Ángeles Vázquez

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, este martes, en la sesión de control al Gobierno en el Congreso.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, este martes, en la sesión de control al Gobierno en el Congreso. / JUAN MANUEL PRATS

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha levantado el secreto de la pieza del caso en el que el principal imputado es el excomisario José Manuel Villarejo relativa la operación Kitchen. En su auto afirma que en ella se investiga si "órganos superiores y/o directivos de la Administración General del Estado" encargaron un dispositivo policial en el que se contrató al chófer del extesorero del PP Luis Bárcenas para evitar que la documentación comprometida para "altos dirigentes" del partido que pudiera tener en su poder se incorporara a la investigación de la caja B del partido seguida en la Audiencia Nacional.

En apenas dos páginas, el magistrado explica que examinado el estado de las actuaciones procede dejar sin efecto el secreto, porque "no va a perjudicar a la investigación en curso". Ese era el criterio de Anticorrupción en el informe en el que instaba la imputación de quienes entonces eran ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal al disponer de indicios "muy numerosos y concluyentes", fundamentalmente procedentes del teléfono del exnúmero dos de Interior Francisco Martínez, que hasta el momento se ha negado a declarar ante el magistrado. El juez aún no se pronuncia al respecto, pero los perfiles de ambos encajan con facilidad en la general atribución de máxima responsablidad que hace él mismo en su auto.

La pieza Kitchen, abierta en noviembre de 2018 a raíz de un informe de la Fiscalía, investiga, explica el juez, la ejecución de un "operativo parapolicial del que serían responsables órganos superiores y/o directivos de la Administración General del Estado y cuya ejecución material se encomienda a los ya investigados en la causa Enrique García Castaño, entonces jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), y José Manuel Villarejo".

Captar al chófer

"El encargo, que se habría llevado a efecto al menos en los años 2013 a 2015, consistiría en la captación y la manipulación como colaborador-informante de la Policía de Sergio Ríos, conductor de Rosalía Iglesias, esposa de Luis Bárcenas", afirma el magistrado.

"El objetivo de dicha misión -añade- podría ser, aparentemente, la obtención por medio de dicho colaborador, en cuanto persona de la máxima confianza del matrimonio de información concreta sobre el lugar en el que Luis Bárcenas y su esposa ocultarían material documental comprometedor para altos dirigentes del Partido Popular, sustrayendo su conocimiento de la autoridad judicial en la investigación que se llevaba a cabo en el Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional" por la caja b.

Con su resolución, el magistrado da la oportunidad a conocer cuánto han avanzado las pesquisas, de las que solo deja fuera las referencias a dos partidos de 2.700 euros y otro de 1.600 relativas a gastos de localización firmado por García Castaño, por no haberse desclasificado.

Mensajes telefónicos

A los mensajes conservados por Francisco Martínez del entonces ministro, que demostrarían que este estaba al tanto de la operación Kitchen, en concreto, uno relativo a la importancia que tenía "Sergio Ríos", chófer de Bárcenas, se suman las conversaciones intervenidas al propio Villarejo durante los registros realizados en la causa.

Entre ellas figuran las que llevaron a María Dolores de Cospedal a abandonar la política cuando se hizo pública su vinculación con las cloacas policiales, por las conversaciones que mantuvo ella y su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, mantuvieron con el excomisario. La entonces secretaria general del PP se interesa por el contenido de una memoria extraíble relacionada con la investigación de la caja b del partido. Villarejo le respondió que tenía "mucha chicha" y habían "hecho todo lo posible por romper el pendrive", lo que hace que parezca difícil que se libre de la imputación.