09 ago 2020

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seguridad en entredicho

Torrent y Maragall fueron espiados por un programa exclusivo de los gobiernos

Pegasus, de creación israelí, trató de colarse en su dispositivo a través de WhatsApp

El 'president' ha anunciado acciones legales y ha exigido al Gobierno español que "se investigue"

El Periódico

Roger Torrent exige que se investigue el espionaje de su móvil y se depuren responsabilidades. / AFP / PAU BARRENA / VÍDEO: EFE

El teléfono móvil del 'president' del Parlament, Roger Torrent, fue espiado por un programa de espionaje llamado Pegasus que solo pueden comprar gobiernos y fuerzas y cuerpos de seguridad para combatir el crimen y el terrorismo, según una investigación que publican este martes los diarios 'El País' y 'The Guardian'. Horas más tarde se ha conocido que el móvil del diputado y líder de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, Ernest Maragall, también sufrió el mismo 'hackeo'.

Según estos rotativos, un instituto de ciberseguridad de Canadá investigó una intromisión indiscriminada contra 130 representantes de la sociedad civil a través de Whatsapp y fue entonces cuando descubrió el ataque a Torrent. El ataque en el iPhone del presidente del Parlament se hizo a través de un fallo de seguridad de WhatsApp y a través de una llamada perdida de vídeo en esta aplicación de mensajería. 

El programa espía Pegasus, diseñado por la empresa israelí NSO, permite escuchar conversaciones, leer mensajes, acceder al disco duro, hacer capturas de pantalla, revisar el historial de navegación e incluso activar por control remoto la cámara y el micrófono de los teléfonos móviles.

Los investigadores enmarcan la desaparición de mensajes de Whatsapp del móvil de Torrent en el 2019 como una señal de que el teléfono podría haber sido manipulado. Aunque no se puede identificar quién ordenó el ataque, los investigadores subrayan que el programa Pegasus solo vende sus productos a gobiernos.

Fuentes de Interior afirmaron que ni este departamento, ni la Policía ni la Guardia Civil "han tenido nunca ninguna relación" con la empresa que habría desarrollado el programa espía, y tampoco "han contratado ninguno" de los servicios de la citada compañía israelí y, por tanto, tampoco el 'software' de vigilancia Pegasus.

Exige una investigación 

Torrent ha afirmado que el espionaje al que fue sometido es "impropio de un Estado democrático", ha anunciado acciones legales, y ha exigido al Gobierno español que "se investigue y se depuren responsabilidades". En una declaración institucional realizada desde su despacho del Parlament, Torrent ha considerado que se trata de un asunto "muy grave" y que sirve para constatar que en el Estado español "se practica el espionaje contra la disidencia política".

El abogado de la exdiputada de la CUP Anna Gabriel, Olivier Peter, ha asegurado que su clienta también fue víctima de Pegasus. Gabriel huyó a Suiza en el 2018 para evitar declarar ante el Tribunal Supremo, que la investigaba por rebelión, malversación y sedición durante el referéndum del 1-O.  

El Govern pide garantías y Moncloa dice no tener constancia

El vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, ha pedido al Gobierno "garantías fiables" de que los servicios secretos y fuerzas de seguridad del Estado no están involucrados en el espionaje. Ha pedido al Gobierno español que salga a dar explicaciones sobre el posible 'hackeo' del teléfono móvil de la segunda autoridad de Catalunya y, si no las tiene, "las ha de buscar, ha de exigir responsabilidades y dar garantías fiables y transparentes de que los servicios secretos y fuerzas de seguridad que dependen de él no están involucrados en este asunto".  "Todas las sospechas apuntan a que sí", ha dicho Aragonès, y ha añadido que "no sé qué Estado puede tener interés en saber qué hace la segunda autoridad de Cataluña que no sea el Estado español". 

Por su parte, la ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha dicho no tener constancia de los hechos. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Montero ha señalado que corresponde a la autoridad judicial investigar si ese hackeo se ha producido y en qué circunstancias, y ha recordado que cualquier intervención de un móvil en España requiere previa autorización judicial.