13 ago 2020

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LÍDER CAÍDO

El exlíder de Vox en Andalucía desvió 438.000 euros de una subvención a fines ajenos a su empresa

La Fiscalía apunta en su querella a que Francisco Serrano y su socio "se concertaron para obtener fraudulentamente ayudas públicas"

Julia Camacho

Francisco Serrano y Santiago Abascal, el pasado diciembre, en Sevilla.

Francisco Serrano y Santiago Abascal, el pasado diciembre, en Sevilla. / JON NAZCA (REUTERS)

Cuando Santiago Abascal lo fichó como cabeza de lista de Vox para disputar la Junta de Andalucía, el juez Francisco Serrano ya era conocido en la comunidad, especialmente entre los grupos feministas que llevaban años pidiendo al Consejo General del Poder Judicial que le expedientara por su labor en varios casos de custodia de menores y el regreso de los chicos con las familias biológicas. El azote de las “feminazis” y defensor de los padres maltratados, sin embargo, ha acabado cayendo en desgracia por algo mucho más prosaico: fraude en una subvención pública de 2,5 millones de euros. Según la investigación de la Fiscalía, al menos 438.000 euros de ese dinero fueron destinados a fines distintos para los solicitados.

Nada más conocer la querella, Serrano se dio de baja de Vox para no afectar a la formación de extrema derecha con la investigación. Pero, para sorpresa de sus compañeros, no abandonó el escaño en el Parlamento andaluz que le permite el aforamiento y no ser investigado por la justicia ordinaria, pasándose al grupo de los no adscritos. El juez mantiene ser víctima de una cacería mediática dado que abandonó la empresa bajo sospecha en 2017, pero el escrito de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) deja poco lugar a las dudas sobre su actuación en la constitución y primeros meses de andadura de la sociedad.

Para el Ministerio Público, está “indiciariamente acreditado” que tanto Serrano como su entonces socio, Enrique Pelegrín Díaz, “se concertaron con la intención de obtener fraudulentamente ayudas públicas”, participando en el programa de ayudas para Actuaciones de Reindustrialización (Reindus) convocado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Para la Fiscalía, se trataría de un delito de fraude en subvenciones públicas, castigado con penas de entre uno y cinco años de cárcel.

Ambos constituyeron en marzo de 2016 una sociedad para la fabricación de biocombustibles, Bio Wood Niebla S.L. con capital no dinerario y, a juicio de la Fiscalía, “inexistente”, como un secadero rotativo, una caldera de biomasa y tres granuladoras RMP 650. El texto de la querella, al que ha tenido acceso este periódico, detalla que Industria concedió la ayuda de 2.48 millones de euros que fueron ingresados en diciembre de ese año en la cuenta de Serrano. Posteriormente se hicieron dos transferencias por importes de 1,4 millones y 651.000 euros a cuentas abiertas a nombre de Bio Wood Niebla en los meses de febrero y marzo de 2017, respectivamente.

El resto del dinero, insiste la Fiscalía, unos 483.000 euros, fueron empleados en operaciones como “préstamos a terceros, retiradas en efectivo, pago de facturas y gastos varios, ninguno de ellos relacionados con la finalidad para la que fue concedido”. La empresa “no llegó a ser constituida, habiéndose apropiado en su beneficio los querellados del importe total del préstamo recibido”, subraya el texto. El proyecto comprometido tampoco se llevó a cabo, ni se reintegró la deuda a Industria ni a Hacienda, que es quien la reclama ahora con intereses.