DESDE MADRID

El fiasco de la autoridad única

Catalunya, Euskadi y la Comunidad de Madrid desafían sus instrucciones en materia sanitaria y económica

La uniformidad de las medidas contra la pandemia fragiliza la mayoría de la investidura con ERC y PNV

La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el titular de Sanidad, Salvador Illa, en la rueda de prensa telemática de este viernes, en la Moncloa.

La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el titular de Sanidad, Salvador Illa, en la rueda de prensa telemática de este viernes, en la Moncloa. / EFE / POOL / J. M. CUADRADO

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Ni autoridad, porque carece de capacidades técnicas para serlo, ni única, porque colisiona con las facultades que de forma abierta o subrepticia siguen desempeñando las autonomías y, en particular, los gobiernos de CatalunyaMadrid y País Vasco. Un estado de alarma basado en una ley orgánica de 1981 –aprobada antes del pleno desarrollo de los estatutos de autonomía- está provocando una constante fricción entre los ministerios que toman las medidas contra la pandemia del covid-19 y las comunidades que gestionan desde hace décadas y de forma exclusiva las competencias en sanidad y educación, así como otras en materia económica, cultural y asistencial, afectadas por la gestión de la alarma sanitaria.

Las conferencias telemáticas del presidente del Gobierno con los autonómicos son, como denuncian los responsables de los ejecutivos de las comunidades, meramente "informativas" pero no "deliberativas". Se les ofrecen hechos consumados y se les imparten instrucciones sin considerar la asimetría de los autogobiernos y de las características sociales, económicas y sanitarias de cada territorio. Por otra parte, la escasa densidad del Ministerio de Sanidad hace que la autoridad única que desempeña con Defensa, Interior y Transportes dependa de una colaboración completa de las administraciones territoriales.

Mientras los estados federales mantienen la capacidad de decisión de las autoridades de los territorios, limitándose los gobiernos centrales a ofrecer pautas comunes y emplearse en el  ejercicio de sus competencias, la autoridad única de la alarma en España impone pero no acuerda el contenido de sus determinaciones.

Lo cual resultaría más asumible si lo hiciera con una competencia que hasta el momento no ha demostrado: la metodología que ha establecido no permite conocer el alcance de la tragedia en fallecidos y contagiados; el confinamiento no discrimina la situación de la pandemia por territorios y estratos de población; tampoco se ha demostrado capaz de establecer una central de compras de material sanitario en los mercados internacionales; la función de las Fuerzas Armadas –además de generar roces entre Defensa e Interior– es rechazada (caso de Catalunya) o aceptada con renuencia (caso de Euskadi) y la cooperación entre las comunidades (traslado de enfermos a hospitales de otras vecinas, por ejemplo) no ha funcionado. Tampoco el reparto de mascarillas ni la disposición masiva de tests de detección de la infección.

Reformulación del recuento

Después de más de un mes de vigencia del estado de alarma –que se prolongará hasta el 11 de mayo– la autoridad única a través del muy desgastado Fernando Simón fue incapaz de ofrecer datos ciertos de la pandemia, y el Ministerio de Sanidad tuvo que dictar una orden para que las autonomías reformulen, conforme a nuevos criterios y retroactivamente desde enero, el recuento de muertos por el coronavirus. De tal manera que, a día de hoy, se desconoce cuál es el escenario real que está dejando el covid-19 en nuestro país.

En paralelo, la cascada de decisiones sociales y financieras gubernamentales ha colapsado la Administración General del Estado y organismos y agencias estatales y se están invadiendo materias autonómicas, lo que amenaza con un conflicto institucional a plazo fijo. En el País Vasco el Ejecutivo reclama la reactivación económica inmediata y el aflojamiento del confinamiento; también la Generalitat está diseñando sus propias políticas en diversas órdenes y la comunidad de Madrid se ha desenganchado del Gobierno en la adquisición de material sanitario. El disenso en materia educativa es profundo y de difícil resolución y el desplome de las industrias culturales, aunque entendible por las circunstancias, ha causado perplejidad por la pasividad del ministro del ramo, José Manuel Rodríguez Uribes.

La "mesa de reconstrucción"

En este cuadro de enorme confusión se han colado con precipitación y potencial riesgo de mayor conflictividad las conversaciones de Pedro Sánchez con los grupos políticos para crear una "mesa de reconstrucción" de difícil viabilidad precisamente por la mala gestión de la autoridad única de la que quieren distanciarse todas las formaciones políticas. Y, a más a más, el urgente planteamiento de la aprobación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) plantea al Ejecutivo tres graves problemas: su financiación, el censo de beneficiarios y el solapamiento con la labor asistencial que corresponde a las comunidades autónomas, como ocurre con la dependencia.

Se ha transparentado una dura y rasa pugna entre la prisa descontrolada de Pablo Iglesias para la pronta entrada en vigor de esta prestación –su formación necesita estampar su impronta en estos tiempos de angustia social– y los requerimientos técnicos de una medida que ha de pasar por varios ministerios bajo la responsabilidad última de José Luis Escrivá, ministro de Seguridad Social.

Ante este pandemonio político que el Gobierno no ha sabido ordenar, los nacionalistas vascos y los independentistas catalanes se alejan de Sánchez, que cede a las presiones de su vicepresidente segundo para que no le plantee una crisis en el Consejo de Ministros.

Torpe irrupción del CIS

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La disposición del PP y de Cs se limita a acuerdos sociales y económicos puntuales. Por fin, el debate sobre la vigencia de la libre circulación (artículo 19 de la CE) y de expresión (artículo 20 de la CE) arrecia tras la torpe irrupción del CIS en plena pandemia y el empleo de técnicas de geolocalización con fines sanitarios que rozaría también el derecho a la intimidad.

Al tiempo, el ministro Juan Carlos Campo es ya consciente del colapso de la administración de justicia y prepara un proyecto para que juzgados y tribunales no entren en un largo período de 'shock' ante la evidencia de que nuestro país controla la crisis mucho peor que otros. No se niega la buena intención del Gobierno, pero se cuestiona el cómo, el cuándo y el qué de sus decisiones. Se avizora una gran crisis política.