El fiscal se querella por malversación contra el jefe de la oficina de Puigdemont

La Fiscalía de Barcelona se ha querellado contra el historiador Josep Lluís Alay, jefe de la oficina del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, por los delitos de malversación y prevaricación, al haber abusado de su cargo para que la Generalitat le pagara los 4.580,90 euros de un viaje en el 2018 como observador del referéndum de autodeterminación de Nueva Caledonia y los gastos de autopista para reunirse con los dirigentes independentistas presos en la cárcel de Lledoners (Sant Joan de Vilatorrada). La demanda también va dirigida contra la secretaria general de Presidència, Meritxell Massó, quien autorizó el primero de los gasto. El Juzgado de Instrucción número 28 de Barcelona se ha hecho cargo de la investigación.

Puigdemont dispone de una oficina regulada por una ley catalana de 2003 sobre el régimen estatutario de los expresidentes de la Generalitat, que en su caso dirige el historiador Joan Josep Alay, una de las personas que acompañaba a exmandatario cando fue detenido en marzo de 2018 en Alemania en virtud de una orden el Tribunal Supremo. 

En un comunicado, la oficina del expresidente Puigdemont ha denunciado este lunes una "persecución" contra Alay a raíz de un viaje a Nueva Caledonia. Desde la oficina alegan que fue invitado por el Frente de Liberación Nacional Canaco Socialista, la fuerza independentista en esa región francesa, y resaltan que ya han demostrado que las actuaciones de la oficina de Puigdemont son "perfectamente transparentes y justificadas", por lo que consideran que el procedimiento judicial responde a "razones políticas y no legales".

En la querella, la fiscalía detalla que Alay, "abusando" de su condición de jefe de la oficina de Puigdemont, se excedió en las funciones que tiene atribuidas, "apartándose de ese modo de su obligación de servir a intereses generales propios del personal de la administración pública" y con el propósito de "enriquecimiento ilícito". La querella sostiene que entre el 13 de julio y el 20 de octubre del 2018, Alay presentó una propuesta de desplazamiento y viaje individual ante el Departamento de Presidència, en avió de ida y vuelta entre los día 30 de octubre y el 6 de noviembre del 2018. En dicha solicitud señaló como motivo del viaje "invitado como observador", en su labor de responsable de la oficina del expresidente catalán. El presupuesto: 4.580,98 euros.

Acción arbitraria

Meritsell Massó, la otra persona querellada y secretaria general de Presidència, fue quien autorizó el desplazamiento y aprobó el gasto correspondiente, "en pleno conocimiento de que aquella actividad no se halla entre las atribuidas" a Alay, no guardaba relación con ninguna de las "necesidades personales, políticas o sociales" que a través de la oficina de Puigdemont se cubre. Así, según la fiscalía, adoptó una resolución "manifiestamente arbitraria e injusta". Durante su estancia en Nueva Caledonia, Alay, subraya la acusación pública, utilizó su cuenta en Twiter.

Otro de los gastos presuntamente injustificados que la fiscalía atribuye al jefe de la oficina de Puigdemont son los gastos correspondientes a los peajes de autopistas hacia la cárcel de Lledoners, donde permanecen ingresados los dirigentes independentistas condenados por el 'procés'. Segón la oficina del expresidente, este gasto asciende a 11 euros, pero la fiscalía recalca que "no existe razón alguna" que justifique este pago con fondos públicos.

En su escrito, aunque no incluye en hechos delictivos, la fiscalía argumenta que desde su nombramiento al frente de la oficina del expresidente, la Generalitat se ha hecho cargo de los gastos de alojamientgo, desplazamiento, peajes, taxis y manutención de Alay en varios viajes en que ha acompañado a Puigdemont. Y precisa que en el transcurso de esos desplazamientos Puigdemont ha impartido conferencias, ha dado entevistas y mantenido encuentros en los que "ha aprovechado para internacionalizar el conflicto catalán".