Unidad independentista de mínimos en el rechazo del Parlament a la sentencia
JxCat, ERC y la CUP burlan al TC con enmiendas que citan la parte suspendida
Cs llevará a Torrent ante la fiscalía para que estudie si ha cometido un delito de desobediencia
Los diputados de Ciutadans abandonan la votación. /
44 días después de que el Tribunal Supremo dictara sentencia a la cúpula del referéndum del 1-O, el Parlament mostró su rechazo a un fallo que consideran "injusto". Una reacción institucional tardía (porque JxCat y la CUP no quisieron usar la vía de urgencia) que volvió a evidenciar ayer la precaria unidad del independentismo, que chocó no sólo por la redacción de una propuesta de resolución que se registró envuelta de desavenencias, sino también por la fórmula con la que trataron de sortear al Tribunal Constitucional, que impugnó un inciso de uno de los puntos perfilados por JxCat, ERC y la CUP que exponía que la Cámara catalana "reitera y reiterará tantas veces como quieran los diputados" la reprobación de la monarquía y la defensa del derecho a la autodeterminación de Catalunya.
Los tres grupos parlamentarios presentaron por separado enmiendas a un texto conjunto con el propósito de esquivar al alto tribunal, aunque el contenido de ellas era prácticamente idéntico: rechazaban la impugnación y citaban textualmente lo suspendido. El escollo no fue acordar la redacción de un único texto, sino la forma que éste debía tomar. Fuentes parlamentarias aseguraron que habían atado in extremis un texto conjunto que recogía la esencia de todas las enmiendas, pero finalmente optaron por no presentarlo con el pretexto de evitar que la oposición pudiese registrar peticiones de reconsideración a la Mesa y alargar así el debate y votación del texto. "No queríamos regalarles esa foto", sostuvieron. Pasaron de puntillas por el asunto más espinoso: el revuelo que generó que cada partido actuara por su cuenta.
JxCat, ERC y CUP votaron a favor de sus propias enmiendas y de las del resto, y cocinaron una amalgama de reiteraciones. Todos ellos coincidieron en afirmar que "no han estado a la altura de lo que requería la sociedad" y admitieron que la reacción tampoco ha sido "transversal". La resolución fue aprobada con los votos de los tres promotores, la abstención de los 'comuns' y el posicionamiento en contra del PSC y PPC, en un hemiciclo del que se ausentaron los naranjas.
Los constitucionalistas trataron de frenar las enmiendas en la reunión semanal de la Mesa pero la petición de reconsideración de Cs a la tramitación de enmiendas fue desestimada en un segundo encuentro convocado minutos antes del pleno. Los letrados del Parlament opinaron que las adiciones eran una "cita" y no una "reiteración" de lo suspendido, por lo que, a su juicio, no supone un incumplimiento de los requerimientos del TC que advertían a los miembros de la Mesa de consecuencias penales si trasladaban al pleno el debate sobre la autodeterminación o la Monarquía.
Triquiñuela o desacato
Para Cs, la maniobra de los independentistas "continúa el golpe que vivimos en el 2017" y "echa más gasolina al fuego", mientras que para el PPC la resolución no es más que una "enrevesada ingeniería jurídica para hacer ver que desobedecen sin desobedecer". De todas formas, la líder naranja, Lorena Roldán, anunció que llevará al presidente de la Cámara catalana, Roger Torrent, y los miembros independentistas de la Mesa ante la fiscalía para que estudie si han cometido o no un delito de desobediencia.
El PSC sostuvo que la triquiñuela no supone "volver a poner a votación" el punto, sino que es una "expresión política de disconformidad" que ve "legítima", aunque no la comparta. Los 'comuns', por su parte, compartieron la diagnosis contra el TC pero reprocharon al independentismo que lleve "al borde del precipicio" a la Mesa, hasta "empujarla a la desobediencia". Queda por ver cómo interpreta el TC este nuevo desafío.
La desunión se acabó pronto
Después de votar la resolución de respuesta a la sentencia del 'procés' cada uno con sus enmiendas por su cuenta, los tres grupos independentistas sí volvieron a hacer piña para neutralizar los ataques de la oposición por varios frentes. Solo el PSC logró una simbólica victoria al conseguir que JxCat y Esquerra le aprobasen una moción que insta al Govern a acordar "lo antes posible" un nuevo contrato programa de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) una vez se apruebe el nuevo mandato marco.
Los socialistas aceptaron las enmiendas de neoconvergentes y republicanos a un texto que reclama que ese contrato programa sirva como instrumento de estabilidad económica, financiera y laboral de la CCMA. Además, el hemiciclo aprobó por unanimidad el punto que recogía que este nuevo mandato marco garantice el pluralismo, la veracidad y la imparcialidad, y fomente el debate plural, la cohesión y la igualdad. Sin embargo, se rechazaron los puntos que pedían reprobar y exigir la dimisión de la presidenta del ente, Núria Llorach, y la condena a los "menosprecios e insultos" a trabajadores públicos, como los Mossos, en programas de la cadena.
En este mismo sentido, la unidad de JxCat, ERC y la CUP, con el añadido de los 'comuns', tumbó una propuesta de Ciutadans crítica con la labor de entidades como Plataforma per la Llengua y Òmnium Cultural, para la que pedía retirar la consideración de entidad cultural argumentando que "solo tiene como objetivo promover intereses partidistas". El partido naranja solamente sumó el apoyo del PP.
Y el mismo final tuvo una moción de los populares que instaba al presidente de la Generalitat, Quim Torra, y a su Govern a dejar de convocar y participar en la Assemblea de Càrrecs Electes y el Consell de la República, "entidades privadas que intentan usurpar la auténtica legitimidad y representatividad de las instituciones de Catalunya". Cs y el PSC apoyaron la iniciativa.
