Ir a contenido

Memoria Histórica

Patrimonio Nacional acepta otras 31 exhumaciones en el Valle de los Caídos

Las familias postulantes fueron informadas hace una semana por la entidad, que les pidió discreción durante la campaña electoral

Expertos forenses asesorarán durante las obras de acceso a las cajas con restos que las familias consideran "trasladados al Valle ilegalmente"

Juan José Fernández

Vista del Valle de los Caídos.

Vista del Valle de los Caídos. / JOSÉ LUIS ROCA

Después de Franco, llega el turno de otros 31 enterrados en el Valle de los Caídos. Y no todos republicanos. Patrimonio Nacional ha decidido abrir las puertas del monumento a la realización de obras de exnumación para los cuerpos de otros 31 españoles fusilados en la retaguardia o matados en combate durante la Guerra Civil, cuyos descendientes integran una lista de larga espera.

Tanto, que incluso los familiares llegaron a plantearse una demanda contra el organismo, dependiente de Presidencia del Gobierno, por la dilación que estaban sufriendo tres años después de que un juzgado de San Lorenzo de El Escorial (Madrid) diera la razón a la familia de los hermanos anarquistas Manuel y Antonio Lapeña, asesinados mediante fusilamiento en Calatayud (Zaragoza) el 14 de agosto de 1936.

La decisión de Patrimonio fue adoptada por su Consejo de Administración el pasado 1 de octubre. Para la familia Lapeña llega tarde, porque el hijo y sobrino de los dos asesinados, Manuel, a sus 95 años, hace uno que no retiene en su memoria las cosas que le cuentan.

"De haberse cumplido la sentencia solo un año antes, lo habría sabido. -explica Miguel Ángel Capapé, yerno de Manuel y portavoz de la familia-. Esto no es una victoria, es un derecho que hemos tardado más de la cuenta en obtener".  

Todas las criptas

El acuerdo de Patrimonio establece que se autorizan "actuaciones en las criptas adyacentes a la capilla de la basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos", y que, "una vez realizado el proyecto de obras para el acceso y afianzamiento de los distintos niveles de las criptas, se procederá a la apertura de la Capilla del Santo Sepulcro, siguiendo por la Capilla del santísimo y, finalmente, por las capillas laterales de la nave de la Basílica". O sea, todos los espacios en los que, intramuros, descansan 21.000 republicanos y 11.000 'nacionales', la mayoría de ellos enterrados allí sin aviso ni permiso de sus deudos, y buena parte de ellos, 12.400, sin identificar. 

"Sentimos alivio y esperanza -explica Silvia Navarro, presidenta de la Asociación de Familiares pro Exhumación de Republicanos del Valle de los Caídos- porque por fin se pueda encontrar a los nuestros y sacarlos del lugar al que fueron trasladados de forma ilegal". Navarro espera que los trámites técnicos que quedan "se resuelvan con la mayor celeridad posible, porque esto reviste ya carácter de urgencia por la avanzadísima edad de los hijos que quedan".

Los restos de los aragoneses Lapeña serán los primeros en salir, pues ya estaba iniciada la obra de exhumación, aunque paralizada. Se inició en julio de 2018. La exhumación fue autorizada dos años antes por el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de San Lorenzo de El Escorial -que, por cierto, aplicó en este caso por última vez un derecho decimonónico a la "digna sepultura" que después derogó el ministro de Justicia Rafael Catalá por estar en desuso-, pero faltaba un informe sobre posibles problemas estructurales de los osarios.

En septiembre, el informe, redactado por el Instituto Torroja de Ciencias de la Construcción (del CSIC) ratificó que los trabajos de exhumación no dañarían la estructura. Ese informe llegó al Consejo de Administración de Patrimonio Nacional el pasado 1 de octubre, y a su vista abrió la mano la entidad.

Fuentes de Patrimonio explican el lapso de tiempo transcurrido entre la toma de la decisión, casi un mes antes de que se llevase a cabo el pasado 24 de octubre la exhumación de Franco, y la comunicación a las familias, oficlamente un mes y doce días después de la reunión del Consejo de Administración, por esa exhumación del dictador, que hizo aconsejable esperar a que concluyera antes de abordar otros trámites.

La comunicación se hizo oficial este martes, pero en realidad las familias ya lo sabían desde hace una semana, pues el gerente de Patrimonio Nacional, Ernesto Abati, convocó a un grupo de ellas a una reunión en Madrid el pasado miércoles 6. Les adelantó la noticia y les pidió discreción, por estar activa la campaña electoral.

"Piano piano"

La profesora Rosa Gil, nieta del soldado movilizado por el bando franquista Pedro Gil Calonge, cuenta desde su casa en el barrio de Gràcia de Barcelona que ella y su primo Héctor están "satisfechos, pero piano piano, expectantes por cómo pueden estar los restos, y por si finalmente será posible recuperar a mi abuelo".

 En Tajahuerce (Soria), el anciano Silvino Gil, de 83 años, padre de Rosa e hijo de Pedro, recibió hace una semana con alegría la noticia, "después de varios meses con el ánimo decaído por los problemas que iban apareciendo", relata Rosa. En el cementerio del pueblecito soriano guarda Silvino un hueco para dar sepultura familiar, y no faraónica, al joven Pedro, al que mató una bala perdida cuando cavaba una trinchera en el frente aragonés de Tardienta.

Los restos de Pedro Gil están en la cripta de la capilla del Santo Sepulcro, la misma que la de los hermanos Lapeña, pero en un piso superior. Por eso es poco probable que salgan al tiempo. Además, "nos tienen que aprobar licencia de obra menor", explica su nieta.

Alegría y temor

En su casa de Valladolid, la jubilada Mercedes Abril está contenta, pero recibió con cautela la noticia en un whatsapp de su abogado, el experto en Memoria Histórica Eduardo Ranz. Desde entonces vive una mezcla de alegría y temor: "Nos han puesto tantas piedras en el camino que, yo qué sé, me temo que nos pongan alguna más".

Mercedes, hija del ferroviario republicano Rafael Abril Avo, fusilado en Calatayud a los 29 años de edad en septiembre de 1936, no cree que pueda cumplir su sueño de "abrazar los huesos" de su padre antes de esta Navidad. "Primero tienen que autorizar un informe de obra para cada caso", explica, pero dice: "Llevamos tanto tiempo esperando que ahora ya unos meses no importan. ¡Pero que sean solo meses!"

Mercedes lamenta que la buena noticia le pilla "con los años pasándome ya factura", dice, y está preocupada por "la mala calidad del material que emplearon en la construcción de los osarios. Por fuera lujo, pero por dentro..."

Para Eduardo Ranz, su abogado, "una evolución democrática arrancó con el éxito procesal de los hermanos Lapeña hace ya tres años, pero el fracaso vino mucho antes. Todos los españoles perdimos en el momento en que alguien fuera asesinado por sus ideas. La Transición fue posible; y que las víctimas republicanas del Valle de Cuelgamuros vuelvan a casa también debe serlo".

Turno de los frailes

Según ha hecho público Patrimonio, todos los trabajos contarán con asistencia de expertos forenses para el tratamiento de los columbrarios. A su vez, y en distintas fases de las obras, "se solicitará al Consejo Médico Forense una inspección valorativa que lleve a determinar las distintas consideraciones físicas, técnicas y jurídicas en cada lugar de la Basílica", dice un comunicado de Patrimonio, para "determinar la viabilidad de la localización, identificación y recuperación de los restos de las personas inhumadas, con respeto a los derechos de terceros". 

Y esa es una clave legal que se reservan los frailes benedictinos que por decisión de Franco custodian el monumento, y que se oponen a las exhumaciones. A través de distintas redes asociativas cercanas a la Fundación Francisco Franco, promoverán la presentación de recursos de familias que sientan afectado por las obras el descanso de los suyos. 

"Un recurso dilatorio no tendría mucho recorrido. Nos han dicho en Patrimonio que acaso 20 días", asegura el aragonés Capapé. Rosa Gil recuerda que ya los frailes, "por las razones técnicas que estimaran oportunas", removieron cajas y vaciaron una de las salas de las criptas, y en los 80 un centenar de cuerpos de ciudadanos navarros fueron extraídos de allí, "sin esperar recurso de otras familias. Se puede atender al derecho de todos si se hace con respeto". 

Los frailes siguen sin cobrar un euro de dinero público desde que, en enero pasado, la Vicepresidencia del Gobierno les exigiera una correcta justificación del gasto de 340.000 euros anuales que venían percibiendo de los presupuestos de Patrimonio Nacional, este como patrono del Patronato de la Santa Cruz, entidad que rige el Valle. Los frailes consideran que sí han justificado en tiempo y forma el gasto.