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Exhumación de Franco

Pedro Sánchez promete a las familias de enterrados en el Valle de los Caídos que podrán sacar los restos

Una veintena de familias lleva tres años y medio esperando que un fallo judicial materialice sus derechos

Acusan a Patrimonio Nacional de actitud "dilatoria y obstrucionista" para no abrir las criptas de Cuelgamuros

Juan José Fernández

En marzo de 2019, un grupo de familiares de republicanos enterrados en Cuelgamuros obtuvo permiso de Patrimonio Nacional para acceder al tercer nivel de una de las criptas de la basílica del Valle de los Caídos. En la imagen, familiares en el interior.

En marzo de 2019, un grupo de familiares de republicanos enterrados en Cuelgamuros obtuvo permiso de Patrimonio Nacional para acceder al tercer nivel de una de las criptas de la basílica del Valle de los Caídos. En la imagen, familiares en el interior. / EL PERIÓDICO

En la noche del lunes 23 de septiembre, trece horas antes de que la Sala Tercera del Tribunal Supremo emitiera su fallo sobre la exhumación de Franco, la aragonesa Mercedes Abril recibió en su casa de Valladolid una carta con membrete de Presidencia del Gobierno. La firma el presidente en funciones, Pedro Sánchez, que asegura en la misiva que su Ejecutivo ayudará a las familias que deseen extraer los restos de sus antecesores de las criptas de Cuelgamuros.

"No le quepa duda de nuestro firme compromiso de apoyarles en los procesos de recuperación de los restos de sus seres queridos inhumados en la basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos", concluye la carta. Sánchez hace su promesa tras recordar que "por primera vez en nuestra historia democrática, se ha creado una Dirección General de Memoria Histórica, incardinada en el Ministerio de Justicia, la cual está trabajando en las exhumaciones, declaraciones de reparación y reconocimiento personal a las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo".    

Esta carta de Sánchez es respuesta a otra que el 26 de agosto le entregó Abril aprovechando uno de los encuentros que el presidente mantuvo este verano con colectivos de la sociedad civil. Ese día le tocaba uno de los últimos turnos a las entidades de la Memoria Histórica, y Mercedes acudió, se acercó a Pedro Sánchez y le entregó en mano tres folios en los que le contaba un largo periplo judicial, administrativo y sentimental tratando de recuperar y enterrar a su padre, Rafael Abril, asesinado en Calatayud el 17 de septiembre de 1936.

Al final de la misiva, actuando como representante de otras siete familias de sepultados sin permiso en el Valle, Mercedes concluía: "Le solicitamos que se implique Ud. personalmente y haga lo posible por que los trabajos para sacar nuestras cajas del Valle sean iniciados a la mayor brevedad posible. Presionen Uds. como gobierno al Consejo de Administración de Patrimonio Nacional (…) por favor, demuestren capacidad y voluntad política para exhumar a los republicanos del Valle de los Caídos".

No les queda tiempo

A sus 87 años de edad, Mercedes Abril representa la prisa de una veintena de familias que litigan en distintos escalones judiciales y administrativos y que esperaban que sus allegados enterrados en el monumento  salieran de allí antes que quien los mandó sepultar.

Pero la exhumación de Franco se hizo posible 42 meses después de que estas familias vieran abierta una ventana legal, y aún no se han iniciado los trabajos a los que un fallo judicial les da derecho. Mercedes está cerca de convertirse en nonagenaria. En su carta, Sánchez califica su caso de "historial de gran profundidad emocional". Tenía tres años el 17 de septiembre de 1936, cuando a su padre se lo llevó un grupo de guardias civiles y falangistas.

En la Asociación de Familiares Pro Exhumación de los Republicanos del Valle de los Caídos hay otro hijo de fusilado con 97 años, y otro más con 87. "No tenemos tiempo", clama la portavoz, Silvia Navarro, sobrinanieta de José Antonio Marco de Viedma, asesinado también en Calatayud el 2 del negro septiembre de 1936. "Se trata de entrar en las criptas y extraer cajas con restos óseos que están en buen estado de conservación –explica-. Patrimonio Nacional ha pedido aclaraciones adicionales a un informe técnico positivo. Pedimos al Gobierno que sorpase esas dilaciones".

El informe al que se refiere es del Instituto Torroja de Ciencias de la Construcción del CSIC, y afirma que la entrada en  las criptas del Valle es practicable sin dañar la estructura del monumento. El informe se dio a conocer el pasado día 13 y, cuando los familiares ya veían posible materializar su deseo, una reunión del Consejo de Administración de Patrimonio Nacional volvió a retrasar el procedimiento con una petición de información técnica adicional.

Reparación

Hace tres años y medio que una decisión del juez sustituto de primera instancia número 2 de San Lorenzo de El Escorial (Madrid) permite a los descendientes de los hermanos Manuel y Ramiro Lapeña, anarquistas fusilados, recuperar sus cuerpos y llevárselos a un panteón familiar. El fallo, del 30 de marzo de 2016, supone un precedente clave para otras 17 familias (cinco de Ávila, siete de Calatayud, una de Valladolid, una de Barcelona, una de Córdoba, una de Valencia y dos de Madrid) que llevan lustros esperando. Podría haber más gente, "pero hay muchos que no saben que sus familiares, en realidad, no están donde creen, sino en Cuelgamuros", dice Navarro.

En el Valle hay 33.833 cuerpos sepultados, con mayoría de republicanos. Una mediación Jorge Semprún, entonces ministro de Cultura, con los benedictinos que custodian el valle hizo posible sacar de allí los restos de 80 navarros. Desde entonces, los monjes no han aceptado más mediaciones, ni siquiera una intentada en 2010 por el entonces presidente de Patrimonio Nacional, diplomático experto en negociaciones, José Luis Rodríguez Spiteri.

El abogado madrileño Eduardo Ranz, experto en Memoria Histórica, que lleva los casos de siete familias, ha asumido el fallo del Tribunal Supremo con un sabor agridulce: "Es una buena noticia para la democracia y para la sociedad españolas –dice- pero el objetivo de la Memoria Histórica es reparación, y aún quedan los restos de miles de personas para cuyas familias no hay reparación. Y lo malo es que van cumpliendo años...".

Ranz ha propuesto, incluso, que Mercedes Abril exponga su caso ante el consejo de Patrimonio Nacional, en un intento de que sus miembros empaticen.

Familias en el laberinto

Un articulado del siglo XIX reconocía en nuestro Ordenamiento Jurídico el derecho a una digna sepultura. Se implementó para la repatriación de cuerpos de soldados caídos en Cuba, Puerto Rico y Flipinas. Ranz lo encontró y lo hizo valer para los hermanos Lapeña, pero el ministro de Justicia Rafael Catalá lo derogó –"por estar en desuso, cuando precisamente se estaba usando", ironiza Navarro– justo cuando Ranz iba a argumentar con él en otros casos.

Lo sucedido forma parte de un laberíntico trayecto judicial y burocrático que aún no ha tenido fin para las familias, y del que forma parte un argumento sostenido durante años por Patrimonio y los frailes, y ahora derribado por los científicos: que no se podían recuperar cuerpos del Valle de los Caídos por el mal estado de cajas y criptas.

"Se basaban en el deterioro de uno de los niveles inferiores de una sola de las criptas", explica Navarro. "Buscamos en el tercer nivel del osario de la Capilla del Sepulcro, y esos argumentos se han referido siempre al primer nivel", explica Ranz. Y sentencia la sobrinanieta de Marco de Viedma: "Tenemos la sensación de que hemos estado sufriendo una sucesión de mentiras, de dilaciones, un constante actitud dilatoria y obstruccionista".