El abogado de Mundó: "Dio órdenes expresas de que no se gastara ni un céntimo en el 1-O"

El abogado Josep Riba, defensor del 'exconseller' de Justícia Carles Mundó, ha explicado este martes en el Tribunal Supremo que la fiscalía no ha concretado que actos pudo haber cometido su representado, que está acusado de este delito de desobediencia y otro de malversación de fondos públicos, pero no de rebelión. La fiscalía reclama para él siete años de prisión. "Dio órdenes expresas de que no se gastara ni un céntimo de euro de su departamento en el referéndum" del 1-O, ha sostenido. El letrado ha recalcado que  Mundó "nunca ha interferido ni un ápice en el poder judicial" y la "relación con el poder judicial ha sido siempre esquista". También ha explicado que "no existe ningún indicio de que la Generalitat sufragara las urnas y las papeletas".

El letrado ha argumentado en su informe final que "en el listado de dos y mil y pico de locales [utilizados para el referéndum unilateral] no hay ninguno de la Consejería de Justicia". Por lo tanto, a su entender, no existió en este punto malversación de fondos públicos. El jurista ha insistido en todo su alegato que la Conselleria de Justícia no destinó dinero público al referéndum unilateral.

Afectación al erario

El abogado ha rechazado la posibilidad de la "coautoría ejecutiva" de Mundó con el resto de acusados en este delito. En este sentido, afirmó que, por ejemplo, los servicios de la compañía Unipost, al final, no se realizaron y no se produjo "afectación al erario público". Esta empresa no efectuó el reparto de las notificaciones para ser miembros de una mesa de votación en el 1-O, ya que fueron incautadas por la Guardia Civil. En los registros se hallaron facturas proforma que, en opinión de esta jurista, "no tiene valor contable ni fiscal".  "No se produce ninguna responsabilidad penal ni contable" para los acusados que se les atribuye esta partida. La administradora concursa de Unipost, ha incidido, no reclama ninguna cantidad.

Sobre otras partidas económicas en las que sí se hizo el trabajo, pero no se cobraron, ha indicado que tampoco hay perjudicio patrimonial. Recordó que en la sentencia del 9-N se decidió no condenar por malversación de fondos públicos (el fiscal no acuso por este delito) y solo se hizo por desobendiencia. Riba ha solicitado la absolución.