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JUICIO DEL 'PROCÉS'

Mireia Boya y Jaume Asens niegan haberse concentrado para impedir los registros el 20-S

Altos cargos de la Generalitat rechazan el gasto de dinero público en el 1-O

El responsable de puertos asegura que el 'Piolín' no se identificó como buque de Estado

Ángeles Vázquez

Mireia Boya ha declarado hoy que tanto como ella como su compañera de formación Eulàlia Reguant discutieron la tarde del 20S con Jordi Sànchez porque éste quería desconvocar la concentración delante de la Consellería de Economía. / EFE VÍDEO

A punto de terminar los testigos de la defensa, el juicio del 'procés' transcurrió este lunes por diversas sendas. Destacaron la discurrida por altos cargos de la Generalitat que negaron que un euro público se hubiera destinado al 1-O y la protagonizada por la exdiputada de la CUP Mireia Boya o el teniente de alcalde barcelonés y diputado electo, Jaume Asens, que negaron un ambiente que no fuera "festivo" en la concentración del 20 de septiembre frente a la Conselleria de Economia y que con ella se intentara impedir los registros. Los primeros querían negar la malversación y los segundos, no solo la rebelión, sino también la sedición.

Boya, a diferencia de Joan Josep Nuet y Lluís Guinó, que no declararán en el Supremo por tener que responder ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) por un delito de desobediencia, fue explícita: "En ningún momento vi, oí o leí una llamada a impedir los registros" en Economia. Una idea que luego refrendó Asens: "Mi percepción es que no teníamos conciencia de que se estaba realizando todavía una diligencia judicial. Era una protesta finalista, no instrumental", trató de explicar el testigo, que vio cómo el presidente del tribunal, Manuel Marchena, le interrumpía cada vez que le pedía una valoración.  

La cupaire aseguró que "todas las llamadas eran para defender el derecho de sufragio el 1-O y el propio derecho a manifestarse y a protestar" y que discutió con el entonces presidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, cuando le pidió que ayudara a desconvocar la concentración, porque entendía que la gente ejercía pacíficamente su derecho de protesta.

La testigo señaló que en un momento determinado tanto Sànchez, como el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, le pidieron que recordara "las bases de la desobediencia civil no violenta" a quienes eran "más entusiastas" en la protesta, que por su juventud probablemente eran "más cercanos ideológicamente" a su partido. Para desconvocar y citar a la gente al día siguiente frente al TSJC, Boya también se subió al techo de los vehículos de la Guardia Civil que quedaron destrozados.

Rull ordenó apoyar los registros

La otra senda de las declaraciones la inauguró Francesc Esteve, director gabinete jurídico de la Generalitat, quien dijo que el entonces 'conseller' de Presidencia, Jordi Turull, le "dio una indicación muy clara: que en todo momento se facilitara la actuación judicial ante los registros" de la operación Anubis, de la que el Govern no había sido informado, por lo que se quejó ante el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes.

La principal aportación del testigo fue afirmar que "no existe contrato formal específico para actividades del 1-O, ni afectación presupuestaria, ni reserva de crédito, ni factura pendiente". Las facturas proforma de Unipost no son más que "presupuestos" y los anuncios emitidos por la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales se enmarcaban en el contrato marco, por lo que su emisión no supuso desembolso de dinero público. Así consta en un expediente de revisión de oficio que la defensa quiere incorporar como prueba documental.

La directora general de Contratación Pública de la Generalitat, Mercé Corretja, ahondó en esta línea. "Cuando un contrato queda desierto (como la campaña de la publicidad del 1-O) queda liberado el crédito reservado inicialmente y no hay ningún compromiso de pago por parte de la administración. El compromiso de gasto se adquiere al perfeccionar el contrato administrativo", dijo.

Ricard Font, que en 2017 era presidente de Puertos de la Generalitat, cerró el círculo al señalar que "ninguna autoridad española solicitó el atraque del buque" en el que se hospedaron policías y se conoció como 'Piolín'. Si se hubiera identificado como un "buque de Estado", se le habría autorizado fondear en Palamós.