Las propuestas de los partidos para el 28-A: fiscalidad

La necesidad de reducir el déficit y la deuda pública para cumplir con las exigencias de Bruselas y a la vez mantener el Estado del Bienestar, unos servicios públicos de calidad y un gasto social que se adecue a las necesidades de la población supondrá un reto importante para el próximo partido -o partidos- que lleguen a la Moncloa. Mientras que el objetivo final seguramente es compartido entre las distintas fuerzas, mantener el bienestar de la población y la sostenibilidad del sistema, las medidas que las distintas fuerzas presentan son antagónicas. A grandes trechos, el tridente de derechas apuesta por una reducir la presión fiscal, mientras que la izquierda apuesta por incrementar la progresividad contributiva, asegurándose que son las rentas más elevadas las que más cotizan.

"Revolución fiscal"

Pablo Casado está convencido que “donde mejor está el dinero es en el bolsillo de los ciudadanos” y pretende para llevar a cabo -en palabras suyas- una “revolución fiscal”, en referencia a la bajada generalizada de impuestos que se llevó a cabo durante el primer mandato del expresidente popular José María Aznar, en 1998. A pesar de que la mejor cifra en términos de recaudación tuvo lugar en 2007 con la presidencia de José Luís Rodríguez Zapatero, lo cierto es que durante los seis años con Aznar al frente de la Moncloa la recaudación tributaria aumentó de forma importante. Los populares proponen una rebaja de todos los impuestos: reducir el tipo máximo del IRPF por debajo del 40%, con deducciones para jóvenes y familias, bajar el tipo máximo del Impuesto de Sociedades por debajo del 20%, eliminar el Impuesto de Donaciones y Sucesiones entre padres e hijos y entre cónyuges, así como el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados. Las medidas que proponen desde la calle Génova para equilibrar la falta de recaudación son por un lado la lucha contra el fraude fiscal -que con menos impuestos se vería reducido-, y por otro el aumento del número de contribuyentes, con la premisa de que una menor presión fiscal se traducirá en más oferta de empleo y por lo tanto, más gente contribuyendo.

Menos "chiringuitos"

Aunque planteado de forma tal vez distinta, la política fiscal que presentan PP, Cs y Vox es casi idéntica, ambas basadas en la reducción de la presión fiscal que sufren los contribuyentes. Tanto los argumentos que utilizan para justificar la reducción de impuestos como las soluciones que proponen para recuperar el dinero que el Estado dejaría de ingresar son muy parecidas, por no decir las mismas. Ciudadanos y Vox son también partidarios de bajar los impuestos que propone reducir el Parido Popular. Los ultraderechistas, con su especial focalización en la familia, añaden una reducción del 50% en el pago del IBI para las familias numerosas.

El partido de Albert Rivera, que está especialmente preocupado por la presión fiscal que impide a los empresarios incrementar la contratación, pretende compensar esta rebaja fiscal, y por lo tanto también en la recaudación, por un lado con lo que ellos llaman “la eliminación de chiringuitos políticos”, es decir con la supresión de algunos órganos administrativos cuya función cuestionan. Por otro lado, al igual que el PP se centran en la lucha contra el fraude fiscal, bajo la premisa que con menos y más simples impuestos, la gente estaría más predispuesta a contribuir. Los de Abascal están decididos a hacer una reducción del "gasto político": "eliminar  cargos y organismos duplicados", "cerrar organismos destinados a crear estructuras paralelas de estado, las televisiones autonómicas, los defensores del pueblo, etcétera", apuntan en su programa de "la España viva".

Devolución del rescate

Los partidos que se sitúan al otro lado del eje ideológico son partidarios de un régimen fiscal progresivo que a la vez asegure el mantenimiento del Estado del Bienestar. Unidas Podemos hace una apuesta por el aumento de la progresividad fiscal bajo el principio de "quien más tiene, más contribuye". Los podemistas defienden la lucha contra la especulación y los paraísos fiscales, la imposición de un impuesto global sobre la riqueza, un aumento de los impuestos a las casas de apuestas y la exigencia de acabar con las políticas de austeridad dirigidas desde Bruselas. El principal incentivo del partido de Pablo Iglesias es la recuperación del dinero que se prestó para el rescate bancario, que calculan en 60.000 millones de euros. Sus políticas fiscales pueden resumirse en cinco propuestas dirigidas a "terminar con los privilegios fiscales de una minoría": recuperar la recaudación del impuesto sobre sociedades, acabar con las ventajas concedidas a las grandes empresas, inaugurar un impuesto para las grandes fortunas, mejorar la progresividad del IRPF y establecer un impuesto sobre las transacciones financieras y de la banca.

Los socialistas ponen de manifiesto la necesidad de sanear las cuentas públicas, reducir el déficit y la deuda y la sostenibilidad fiscal. Proponen prohibir las amnistías fiscales, trabajar para acabar con el fraude y los paraísos fiscales y reforzar la progresividad del sistema fiscal, incrementando al aportación de las grandes empresas, los contribuyentes con ingresos más altos y los mayores patrimonios. Por otro lado, apuestan por reducir la carga fiscal a las pequeñas y medianas empresas.

Esquerra Republicana denuncia también la falta de progresividad en el sistema fiscal actual, que consideran que agudiza las desigualdades y pone de manifiesto que son las famílias las que más contribuyen con un 84% de la recaudación, mientras que las empresas aportan solo el 13%. ERC también critica que la mayoría de los impuestos que provienen de Catalunya acaban en las arcas del Estado, lo que consideran "un ataque a la soberanía de Catalunya y a la posibilidad de desarrollar su autogobierno". Los independentistas señalan la necesidad de acabar con el fraude fiscal, y remarcan que el 75% de este fraude se produce en las grandes empresas y grandes fortunas. Así, proponen simplificar las estructuras tributarias, reducir el IVA a productos que consideran básicos como los pañales, los productos de higiene íntima femenina y los servicios veterinarios.

Un nuevo Estado del Bienestar

El espacio posconvergente apunta que para combatir las desigualdades y reforzar el Estado del Bienestar "es necesario tener un Estado", refiriendose a una República catalana. Sin embargo, "mientras Catalunya continúe en el Estado", Junts per Catalunya propone que se repartan los ingresos que recauda el Estado en Catalunya en beneficio de la Generalitat y los Ayuntamientos. Al igual que el resto de partidos sitúan como prioridad la lucha contra el fraude fiscal y ponen énfasis en la necesidad de hacer una reforma fiscal "en clave verde" es decir, reflejando el coste medioambiental en los precios de los productos y servicios. El partido de Sánchez y Borràs propone reducir el IRPF a las familias con menores a cargo y el Impuesto de Sociedades a las PYMES, compensando la rebaja fiscal que desde la última reforma fiscal se aplica a las grandes empresas.