CONDENA
Condenan a varias entidades por vulnerar el derecho al honor de Societat Civil Catalana
La entidad demandó a los firmantes del manifiesto 'La societat civil de Catalunya, per la dignitat', por acusarla de "apología del nazismo y el franquismo"
El juzgado de primera instancia número 41 de Barcelona ha condenado a los impulsores del manifiesto 'La societat civil de Catalunya, per la dignidad', entre los cuales hay varias entidades, a pagar 15.000 euros a Societat Civil Catalana (SCC) por "daños y perjuicios" por haber vulnerado su derecho al honor.
Dicho manifiesto, publicado el 29 de octubre del 2015, cargaba contra SCC y solicitaba al Parlamento Europeo que anulara la concesión del Premio Ciudadano Europeo 2014 a dicha entidad, al "entender que la apología del franquismo y del nazismo son incompatibles" con la UE.
La sentencia concluye que no se aprecia "que exista ninguna prueba que permita afirmar que SCC defiende los crímenes contra la humanidad del nazismo y el franquismo" ni que se haga exaltación o apología.
En un comunicado difundido este jueves, SCC se ha refirmado en el "respeto escrupuloso a los derechos fundamentales y a los principios democráticos", y en contra del nacionalismo. "La pretensión de evitar el debate con SCC mediante una estigmatización es absurda, le falta fundamento y solo se explica por el intento nacionalista de ubicar en la extrema derecha a quien cuestiona sus planteamientos", ha afirmado la entidad.
Se prohíbe a los demandantes que imputen a la entidad de conductas parecidas
Aparte de la indemnización, la sentencia también prohíbe a los demandantes que imputen a la Societat Civil conductas parecidas o iguales a las del manifiesto.
Entre los firmantes hay entidades como la Comissió de la Dignitat, Amical de Mauthausen, SOS Racisme, Fundació Congrés de Cultura Catalana y Fundació Catalunya y Fons per a la defensa dels drets dels Catalans. También los entonces eurodiputados Josep-Maria Tericabras (ERC), Ernest Maragall (MES), Ramon Tremosa (CDC), Jordi Sebastià (Compromís), Josu Juaristi (EH Bildu) o Lidia Serna (IU), que también fueron demandantes, pero que finalmente el juez los ha excluido del proceso al alegar inmunidad parlamentaria.
SCC ha considerado que "han buscado un privilegio respeto al resto de firmantes" del texto, cosa que es, ha afirmado, "incompatible con la dignidad de un representante electo".
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