Caso ERE: un año de juicio, seis meses para la sentencia

Tras un año de sesiones, el juicio por la denominada pieza política de los ERE que sienta en el banquillo a los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán quedó este lunes visto para sentencia. El tribunal de la Audiencia de Sevilla deberá determinar ahora si la cúpula de la administración regional urdió un plan para implantar un sistema inadecuado para el pago de ayudas a empresas en crisis con el fin, según la Fiscalía, de saltarse los controles fiscalizadores y establecer una red clientelar que les mantuviera en el poder. O si bien, como llegaron a decir los dirigentes socialistas cuando estalló el caso, todo fue cosa de “cuatro o cinco golfos”. Fuentes judiciales explican que por delante queda ahora un periodo complejo de análisis de toda la documentación y que el fallo no llegará antes del próximo verano, y que probablemente acabará en el Tribunal Supremo.

El proceso judicial, iniciado hace siete años, supone una moción de censura en los tribunales a las políticas de empleo puestas en marcha por el PSOE entre 2001 y 2010 con 700 millones de euros de fondos públicos destinados a apaciguar conflictos laborales y garantizar la ‘pax social’ en la región. Unas políticas que, de paso, mantenían al partido al frente de la Junta de Andalucía, según reprochan las acusaciones. El juicio concluye justo cuando los socialistas, que se han mantenido en el poder de forma ininterrumpida durante 36 años, están a punto de ser desalojados del Ejecutivo tras ganar las últimas elecciones autonómicas pero no tener los apoyos suficientes para gobernar. De hecho, aunque el caso ya quedó amortizado en anteriores comicios autonómicos, como los de 2012, los primeros y únicos hasta ahora que ganó el PP, los ERE han sido una de las armas arrojadizas durante la pasada campaña para socavar la credibilidad del PSOE en su lucha contra la corrupción.

Ninguno de los encausados ha hecho uso del turno de última palabra más que para agradecer el trabajo de la sala y, en el caso de Chaves, agradecer la “experiencia vivida” tras las intensas sesiones con los abogados y el “cúmulo de conocimientos”. El juicio comenzó el pasado 13 de diciembre de 2017, y desde entonces, a lo largo de 152 sesiones, se han sucedido las declaraciones de 120 testigos y nueve peritos, a los que antecedieron los 21 inculpados (expresidentes, exconsejeros, ex viceconsejeros y exdirectores generales, así como un exinterventor) por los delitos de malversación y prevaricación. El Fiscal pide para ellos penas que oscilan entre los 10 años de inhabilitación a los que se enfrentan Chaves o la exministra Magdalena Álvarez y entre seis y ocho años de cárcel para los exconsejeros y el expresidente Griñán. Más allá de las responsabilidades penales, todos los inculpados han asumido ya las responsabilidades políticas, dado que los expresidentes abandonaron sus escaños en las Cortes y el resto de altos cargos ya está a día de hoy apartado de la primera línea.

"La ley no es ilegal"

El tribunal de la Sección Primera, presidido por el magistrado Juan Antonio Calle, deberá ahora analizar minuciosamente todos los testimonios y pruebas para dilucidar si, como mantienen los acusados, el sistema de transferencias de financiación implantado para dar las ayudas sociolaborales es legal, ya que año tras año se aprobaba en los Presupuestos autonómicos con rango de ley. “Y una ley no puede ser ilegal”, alegan.

Asimismo, la sala deberá determinar si la cúpula de la Junta urdió su puesta en marcha aprovechando que favorecía la discrecionalidad y la falta de fiscalización previa por parte de la Intervención, una tesis que rechazan las defensas negando que tuvieran conocimiento alguno de las supuestas irregularidades detectadas, por lo que piden la absolución. De hecho, todos han apuntado a la imprecisión del relato de la Fiscalía para inculparles al hablar de "pudo haber conocido" o "tuvo que conocer", lo que vulnera sus derechos de defensa, y han descargado su responsabilidad en otros, ya sea el exdirector general de Trabajo, Javier Guerrero, o el interventor general Manuel Gómez, que no dudó en reprochar que le usaran para eludir su culpabilidad cuando año tras año “alertó de ese uso inadecuado” de las transferencias de financiación y de los riesgos que entrañaba. Unos informes conocidos por todos los altos cargos, que tuvieron en su mano la opción de frenar el sistema de ayudas.

Asimismo, algunos de los acusados, como el exconsejero de Trabajo José Antonio Viera, han rechazado los cargos de malversación argumentando que de las ayudas se beneficiaron 6.800 prejubilados que siguen cobrando sus prestaciones sin que nadie les haya citado a declarar en el juicio o les reclame la devolución del dinero percibido.

Desde el PSOE andaluz, el secretario de organización Juan Cornejo, confió este lunes en que las personas inocentes enjuiciadas en este caso “vean pronto una solución” y se acabe con una situación “tan dura personal y familiarmente”.