Sànchez y Turull presionan al Estado con una huelga de hambre

Si la semana empezó en Catalunya con las huelgas de médicos y otros trabajadores públicos que pusieron al Govern en serios aprietos, termina con otra que trata de resituar el foco donde le interesa a la Generalitat. Jordi Sànchez y Jordi Turull, dos de los presos independentistas, iniciaron este sábado una huelga de hambre indefinida con la que buscan presionar al Gobierno y a la justicia con la vista puesta en el juicio a los promotores del referéndum del 1-O.

El soberanismo reaccionó al malestar social que tuvo que afrontar durante varios días –con tensión a las puertas del Parlament entre bomberos y Mossos incluido- con un órdago. La ANC propuso a los presos que iniciaran una huelga de hambre para denunciar su situación, y Sànchez (que fue presidente de esa asociación) y Turull recogieron el guante. Ambos fueron en la lista de Junts per Catalunya en las últimas elecciones, y Sànchez es uno de los principales dirigentes de la Crida per la República que impulsa Carles Puigdemont. Su decisión ofrece una nueva instantánea del diferente momento estratégico por el que atraviesan la posconvergencia y Esquerra Republicana.

Sànchez y Turull justifican la huelga de hambre en la actuación del Tribunal Constitucional (TC) al respecto de los recursos de amparo que han presentado, tanto por su situación de presos preventivos como por la imposibilidad de ejercer sus derechos políticos. Según ellos, el TC ha obrado de forma “imparcial” aceptando a trámite esos recursos pero dejándolos “en un cajón” sin resolverlos, lo que imposibilita que lleven su caso a instancias internacionales.

Precisamente uno de los fines últimos de la acción es la búsqueda de esa solidaridad  fuera de las fronteras españolas. Según el abogado de los dos dirigentes, Jordi Pina, el Constitucional está “bloqueando” la posibilidad de recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde actualmente "depositan la confianza". El rechazo de tribunales de varios países a extraditar por el delito de rebelión a diversos líderes catalanes –entre ellos Puigdemont- ha dado alas al soberanismo en ese ámbito.

Acción no violenta

Sànchez y Turull comunicaron su decisión de empezar una huelga de hambre en la cárcel de Lledoners, donde están presos, y después explicaron en un mensaje en las redes sociales que afrontan la situación "con toda la fuerza y la dignidad de una acción amparada en la no violencia".

En el comunicado que leyó su abogado, ambos aseguraron que no están pidiendo ningún privilegio. “No pedimos un trato de favor al Constitucional, pero tampoco aceptamos pasivamente ninguna discriminación ni dilación injustificada. La cuestión ni tan solo es que dictaminen a nuestro favor, sino que simplemente desbloqueen, inadmitiendo o desestimando, los recursos presentados”, afirmaron.

La defensa de los presos subrayó que los recursos de amparo admitidos por el alto tribunal no superan el 1,5%, mientras que en su caso los han aceptado todos "para, posteriormente, no resolver ninguno". El primer recurso de amparo se presentó el 22 de noviembre del 2017, "hace más de un año. Pero fuentes del TC alegan que la “especial trascendencia” y la falta de jurisprudencia han provocado que los recursos se estén estudiando a fondo.

Traslado a Madrid

Junto al abogado de Sànchez y Turull compareció el doctor Jaume Padrós, exdiputado de CiU y actual presidente del Colegio de Médicos de Barcelona, que explicó el seguimiento médico del estado de los dos presos que se va a llevar a cabo y reconoció que el traslado a Madrid para participar en el juicio –previsto para enero- puede suponer “una dificultad” si se deteriora su estado de salud.

El Gobierno acogió con preocupación el anuncio. Desde Buenos Aires, donde participaba en la cumbre del G-20, el presidente del Gobierno garantizó que los independentistas presos tendrán un juicio justo, y puso en duda las razones por las que Sànchez y Turull dicen emprender la huelga de hambre.

Tras descartar que esa iniciativa vaya a condicionar la duración de la legislatura española, Pedro Sánchez insistió en que “España es un Estado social y democrático”, y en que, por tanto, “el poder judicial es independiente”. Pero también admitió que la huelga de hambre “no es una buena noticia”.

Torra pide respeto

La iniciativa de Sànchez y Turull contó con respaldo unánime en la trinchera independentista. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, pidió “respeto” para su decisión, aseguró que la justicia española está “totalmente desacreditada” y pidió soluciones al Gobierno: "Catalunya se merece una salida, no podemos seguir así".

Los dos presos recibieron también el apoyo de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. La líder de la oposición en Catalunya, Inés Arrimadas, no opinó sobre la decisión de hacer huelga de hambre porque la considera “muy personal”, y desde el PSC-Units per Avançar Ramon Espadaler pidió que “se sustituya la prisión incondicional por la libertad condicional” hasta el juicio.