Las víctimas de Barcelona quieren forzar una indemnización como la del 11-M

Con la investigación de los atentados de Barcelona y Cambrils concluida, salvo en su vertiente internacional (aún secreta), las acusaciones personadas en el caso tratan de lograr que los dos procesados por integración en la célula de Ripoll tengan también que responder por los asesinatos y los 140 heridos que se produjeron en los atropellos de agosto de 2017. Todas ellas han recurrido en apelación el auto de procesamiento dictado por el juez Fernando Andreu, que limitó los delitos que atribuye a Driss Oukabir y Mohamed Houli Chmlal a integración en organización terrorista, fabricación y tenencia de explosivos y estragos en grado de tentativa.

Así, además de evitar la sensación de juicio fallido que previsiblemente tendrán las víctimas, por no poder juzgar a nadie por la muerte de sus familiares o sus propias secuelas, se conseguirá que las indemnizaciones que se les concedan se fijen por sentencia, como ocurrió con los atentados del 11-M.

Confían que así puedan superar las previstas en la ley de solidaridad con las víctimas del terrorismo para cuando no se puede juzgar a los autores o porque se desconocen o porque, como en este caso, fueron abatidos por los Mossos. No obstante, tanto fuentes de la Audiencia Nacional como del Ministerio del Interior aseguran que con la reforma de esta norma en el 2011, aunque un tribunal fije cantidades superiores, el Estado solo resarce a los afectados con las que ella establece para evitar “diferencias sustanciales entre sentencias” y que se “vulnere el principio de equidad entre víctimas”.

El problema es que esa equidad también se vulnera de otra forma. La ley de solidaridad prevé indemnizar con 500.000 euros el fallecimiento y con 750.000, la gran invalidez, mientras que la sentencia del 11-M resarció la muerte con 900.000 euros y concedió hasta millón y medio a los grandes lesionados.

Condena mediante

Para que en los atentados de Barcelona un tribunal fije las indemnizaciones Oukabir y Houli tendrían no solo que ser juzgados por las muertes, sino también ser condenados. La Sección Segunda de lo Penal será la encargada de resolver los recursos que propugnan ampliar su procesamiento con 15 asesinatos y 140 en grado de tentativa. El de Pau Pérez, a quien Younes Abouyaaqoub mató en su huida, nadie discute que no puede atribuírseles.

El juez cuenta con el respaldo de la fiscalía, que argumenta que no se les pueden imputar los asesinatos porque “se rompió totalmente el curso causal a raíz de la explosión” del chalé de Alcanar. Sostiene que Oukabir se había desvinculado de las intenciones del comando, cuando este compró los cuchillos la tarde de los atropellos, y Houli, estaba en el hospital. Las acusaciones defienden que ambos habían participado en todos los actos preparatorios de la célula "para causar el terror", objetivo que también se cumplió con los atropellos.

Otra opción será centrarse durante la vista en los contactos que el CNI tuvo con el líder de la célula, el imán Abdelbaki Es Satty, cuando estuvo preso en Castellón. Al salir adoctrinó a los jóvenes de Ripoll, y uno de ellos, Moussa Oukabir, ya amenazó con matar infieles en una red social en 2015.