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norma conflictiva

Protección de Datos avisa de que vetará el 'spam' ideológico

Asociaciones de internautas consideran que la nueva ley "desprotege" a los usuarios

La activista Simona Levi recuerda que prevalece la normativa europea

Júlia Regué

La Agencia de Protección de Datos estará vigilante ante la nueva ley.

La Agencia de Protección de Datos estará vigilante ante la nueva ley.

Los partidos políticos podrán sacar tajada de la información que vuelcan los internautas en las redes sociales y mandar ‘spam’ a sus buzones digitales sin consentimiento. La nueva ley de protección de datos aprobada en el Senado -previamente ratificada en el Congreso- establece en su artículo 58 bis que, en período electoral, los candidatos podrán recopilar "datos personales relativos a las opiniones políticas", acogiéndose al amparo del "interés público" si se dan las "garantías adecuadas". Asociaciones de internautas han puesto el grito al cielo por la nueva normativa porque, a su juicio, "desprotege" a los consumidores y "viola su intimidad".

El revuelo en la opinión pública hizo que la presidenta de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Mar España, se apresurase a censurar que es "ilegal" la elaboración de perfiles ideológicos en base al rastreo de información ‘online’ para disgregar datos ideológicos, sexuales, religiosos o de cualquier otro tipo. Aseguró que desde su departamento se mantendrán "extremadamente vigilantes y rigurosos" con estas prácticas, incluido el envío de propaganda electoral adaptada al elector, y recordó que las formaciones políticas pueden ser sancionadas con una multa de hasta 20 millones de euros si se desmarcan de lo previsto por ley.

España se comprometió con el consumidor a "garantizar el derecho de oposición de forma clara, sencilla y accesible" y anunció que se reunirá en las próximas semanas con el presidente de la Junta Electoral Central para abordar la cuestión y trabajar colegiadamente en la interpretación de esas "garantías".

Primacía del reglamento europeo

Sus palabras no tranquilizan a los defensores de los derechos digitales. La activista de la plataforma Xnet, Simona Levi, critica en declaraciones a EL PERIÓDICO que esta ley se haya sacado adelante tratando de prevalecer el reglamento europeo -que es obligado cumplimiento- y que da "más garantías" al usuario. "En el artículo 56 de esta ley se expone que en una situación excepcional se ‘puede autorizar’, no que se tenga que hacer una ley que así lo establezca", relata, y afirma que "no es de su cometido", en relación a los partidos que lo avalaron en sendas Cámaras. "Se apoyan en el reglamento malinterpretándolo", espeta, y denuncia que en España la ciudadanía "esté acostumbrada a recibir papeletas electorales en casa y que eso es una anomalía en el resto de Europa": "El reglamento europeo lo impediría pero en España los partidos quieren seguir haciéndolo y no que esta práctica desaparezca paulatinamente", reflexiona.

De todas formas, Levi cree que es una normativa que, de aplicarse, es "fácilmente recurrible". "Si recibo propaganda por correo electrónico sin que nadie me haya preguntado, puedo denunciarlo a la Agencia Española de Protección de Datos y, si me dicen que la ley lo consiente, se lleva a Europa porque su norma prevalece".

Centra sus preocupaciones en otros aspectos del texto que han pasado más desapercibidos, y critica que haya "desprotección" para los alertadores de corrupción. "La protección de datos se usa como excusa para entorpecer la revelación de información de ilícitos y fraudes", asegura, y teme que se use como excusa para torpedear "la libertad de expresión y de información". 

A las críticas se sumaron la Asociación de Usuarios de Internet y la Asociación de Internautas, porque creen que desprotege a los usuarios. Unidos Podemos ya ha anunciado que llevará esta legislación al Tribunal Constitucional (TC).