La Audiencia Nacional investiga la venta de armas a Arabia Saudí

La fiscalía Anticorrupción y la Audiencia Nacional investigan un total de 11 contratos de venta de armas de España a Arabia Saudí, en la causa abierta contra la empresa pública de armamento Defex, confirmaron fuentes jurídicas a EL PERIÓDICO. En esa causa, que cuenta con varias piezas, se indagan los presuntos sobornos pagados por la entidad española en distintos países; la más avanzada es la relativa al cohecho presuntamente cometido en Angola, concluida en julio. 

Según ha adelantado 'El País', que cita documentos suizos y españoles, las operaciones bajo sospecha se habrían realizaron entre 1992 y 2014, fecha en la que estalló el escándalo de la empresa española, participada en un 51% por la Sociedad Española de Participaciones Industriales (Sepi). El juez José de la Mata, que mantiene bajo secreto parte del caso, ha cursado comisiones rogatorias a varios países, entre los que está Suiza en relación a un contrato por importe de 19 millones de euros, cuando la munición vendida valía 14,5.

El magistrado ya ha propuesto juzgar en esta causa a 27 personas y a Defex, por corrupción en las transacciones internacionales, contra la Hacienda Pública, apropiación indebida, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, falsedad documental y organización criminal, por el presunto desvío y apropiación de fondos de la empresa pública en contratos de suministro de material policial para Angola.

En el auto que dio por concluida la instrucción de esta pieza se afirma que los exdirectivos de la empresa pública José Ignacio Encinas Charro, Ángel María Larumbe Burgui y Manuel Iglesias Sarria, "auténticos líderes de la organización (...), se aprovechaban del absoluto descontrol administrativo de la empresa para apropiarse de cantidades multimillonarias, con un incansable afán de enriquecimiento ilícito a costa de los caudales públicos”. A la sobrina del espía español Francisco Paesa, Beatriz García Paesa, se le acusa de crear en Luxemburgo la estructura financiera para permitir el desvío y blanqueo del dinero. 

Los contratos investigados son los firmados por la UTE Cueto-Defex y el Comando General de Policía Nacional de Angola, en 2008, para el suministro de equipamientos y material policial por más de 152 millones, cuyo coste de ejecución fue de algo más de 59 millones y el beneficio obtenido de casi 94 millones. El 33% de ello se desvió al pago de comisiones a autoridades y funcionarios públicos angoleños y a los imputados mediante una estructura compleja de empresas pantalla.

Los otros dos contratos objeto de esta pieza son las operaciones de suministro de material policial a la Unidad de Seguridad Presidencial por la vista del Papa en 2009, por casi dos millones de euros, y el suministro de inhibidores a la Unidad de Seguridad Presidencial en 2011 por un importe similar.