El Gobierno ordena enviar las bombas a Arabia Saudí

La dimisión de Carmen Montón ha revolucionado la actualidad política y ha desviado la atención sobre otro asunto político de calado: la venta de armas a Arabia Saudí. Fuentes diplomáticas informaron este miércoles a EL PERIÓDICO DE CATALUNYA de que el Ministerio de Defensa había comunicado al régimen árabe por la mañana que ya había dado luz verde al envío de las 400 bombas láser que tenía pendiente. El departamento dirigido por la ministra Margarita Robles no quiso confirmar el desbloqueo y un portavoz oficial aseguró que Defensa "no va a decir nada sobre el tema". 

Hace unos días, fuentes del ministerio explicaron que Robles tenía previsto paralizar la venta de esas bombas, cerrada por el Gobierno de Mariano Rajoy, ante el riesgo de que los saudís utilizaran ese armamento para atacar a la población del Yemen, país que está en guerra desde 2015. El anuncio fue mal recibido por todos los partidos de la oposición y también por la Junta de Andalucía (PSOE): temían que Arabia Saudí se molestara y suspendiera la compra de cinco corbetas encargadas a la española Navantia. Mientras el contrato de las bombas asciende a 9,2 millones de euros, la venta de los barcos supone 1.813 millones y afecta a 6.000 puestos de trabajo. Según las previsiones, el programa de construcción de las embarcaciones militares se va a extender hasta el año 2022.

Sin debate sobre los controles

Tras la polémica, el Ejecutivo abrió la puerta a mantener la venta del armamento. Este miércoles culminó la rectificación al comunicar el Ejército a la monarquía absoluta que España se dispone a cumplir el contrato y mandar las bombas. Las explicaciones del Gobierno sobre este tema han sido confusas. Cuando el Gobierno dijo que la decisión de paralizar la venta de las bombas no estaba tomada, la portavoz, Isabel Celaá, desautorizó a Robles y  aseguró que una "comisión interministerial" sería la encargada de "dar una solución".  Fuentes de Defensa, sin embargo, señalan que ese organismo (integrado en principio por los ministerios de Exteriores, Defensa, Industria e Interior) nunca ha estado encargado de tomar la decisión sobre el material militar.  

El Gobierno de Pedro Sánchez, en cualquier caso, desiste de abrir un debate sobre la venta de armas a países en conflicto y a la posibilidad de que establecer controles para asegurarse de que no se usan contra la población civil y en terceros países.

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