El fiscal pide cárcel para 11 independentistas que se encadenaron en el TSJC

La Fiscalía de Barcelona pide en su escrito de acusación dos años y medio de cárcel para 11 miembros de diversas organizaciones independentistas, entre ellas los Comités de Defensa de la República (CDR), que el 23 de febrero de 2018 bloquearon los accesos al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en el paseo Lluis Companys. Alguno de los acusados se encadenaron para reclamar la libertad de los independentistas presos.

El fiscal acusa a los 11 investigados de un delito de desórdenes públicos por esta protesta, así como un año de prisión para otros dos, por desobediencia y resistencia a la autoridad por supuestamente enfrentarse a los Mossos que trataban de reabrir los accesos al TSJC

Coincidiendo con el 37 aniversario del intento de golpe de Estado del 23-F, un centenar de activistas se concentraron el 23 de febrero de 2017 ante la sede del TSJC e impidieron la entrada al edificio durante una hora. El acto fue convocado a través de las redes sociales por los CDR, Arran, Alerta Solidària, CUP y SEPC para exigir la libertad de los independentistas que estaban en prisión preventiva por la causa del 1-O.

Los 200 manifestantes se reunieron primero en  la plaza de Catalunya y después se dirigieron al edificio judicial, sede del TSJC y de la Audiencia de Barcelona. Al llegar, un grupo procedió a cerrar las puertas de entrada, tanto las de madera como las de hierro forjado, atándolas con cadenas. Después, se encadenaron entre ellos. Otros, se apostaron en la escalinata de acceso al alto tribunal catalán, en actitud de resistencia pacífica, para impedir la entrada. Los activistas desplegaron pancartas con contenidos tales como "23 F, aturem el copo d'Estat, es l'hora del poble, sol el pooble salva al poble. CDR" y repartieron un manifiesto. La puerta secundaria destinada a personas discapacitadas también fue bloqueada.

Desalojo y detenciones

El grueso de la protesta se apostó ante el Palacio de Justicia, lo que obligó a la Guardia Urbana a cortar el tráfico. De esta manera, nadie puedo entrar en el TSJC durante cerca de una hora, hasta que los concentrados fueron desalojados por los Mossos d'Esquadra y después de que los agentes les requiriera para que abandonaran el lugar. La policía arrestó a catorce personas. De todos ellos, uno quedó en libertad al ser menor y los otros trece son los que ahora irán a juicio.

El colectivo Alerta Solidaria ha emitido este martes un comunicado en el que califica la concentración de "legítima protesta", a la vez que acusa al sistema judicial español de "perversión" y de irracional. "Se persigue hasta la obsesión la militancia independentista", sostiene esta organización.