Un sindicato de Mossos denuncia el espionaje por parte del cuerpo

El portavoz del Sindicat de Policies de Catalunya (SPC), David Miquel, ha interpuesto este lunes una querella por el supuesto espionaje del que fue víctima por parte de los Mossos d'Esquadra, con lo que ya son siete los afectados que han denunciado al figurar sus nombres en archivos que se iban a incinerar.

En la querella, a la que ha tenido acceso Efe, Miquel pide que se abra una investigación por los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, descubrimiento y revelación de secretos, obstrucción a la justicia y omisión del deber de perseguir delitos, después de que su nombre apareciese en un archivo sobre supuestos espionajes que los Mossos iban a calcinar el pasado 26 de octubre.

El escrito va dirigido contra los agentes de los Mossos d'Esquadra que supuestamente realizaron seguimientos y elaboraron informes sobre David Miquel, así como contra los que lo ordenaron.

La Policía Nacional, que evitó que los Mossos destruyeran el pasado 26 de octubre numerosa documentación que llevaban a una incineradora, ha remitido un informe a la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela en el que concluye que la policía catalana controlaba a políticos de PP, Cs, PSC y PDeCAT, además de periodistas, abogados y dirigentes sindicales.

"La realización de estos seguimientos a un miembro policial, que es portavoz y secretario de un sindicato de Mossos d'Esquadra, que ejerce su cargo en defensa de sus afiliados, supone tal gravedad que puede llegar incluso a vulnerar el derecho de defensa de los afiliados que representa", remarca la querella.

En el escrito, redactado por el abogado José María Fuster-Fabra, que asesora desde hace años al SPC, se subraya que este sindicato se ha caracterizado "por su posición independiente y, cuando ha hecho falta, crítica respecto a cuantas tomas de decisión significaban apartarse de la estricta labor policial y la obediencia al ordenamiento jurídico".

Con ésta, ya son siete las querellas interpuestas sobre el supuesto espionaje cometido por los Mossos d'Esquadra, por casos descubiertos a partir de la documentación intervenida cuando la policía catalana la iba a destruir a una incineradora de Sant Adrià del Besòs (Barcelona) el pasado 26 de octubre, la víspera de la votación en el Parlament de la declaración unilateral de independencia.

El primero en querellarse fue el expresidente de Sociedad Civil Catalana (SCC) Josep Ramon Bosch, al que siguieron el secretario general del SPC, David José, su esposa -por el supuesto espionaje del que también fue víctima su hijo menor de edad-, el propio abogado José María Fuster-Fabra, la plataforma Barcelona con la Selección y el periodista Albert Castillón.