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CONSEJO DE MINISTROS

El Gobierno y el PP admiten preocupación por la influencia de las detenciones en el 21-D

Albiol y Levy subrayan que el golpe judicial puede tener "un impacto importante" en Catalunya

El portavoz gubernamental recalca que tanto Junqueras como Puigdemont podrán concurrir a los comicios

Pilar Santos / Gemma Robles

Los ministros Luis de Guindos (Economía), Íñigo Méndez de Vigo (Cultura y portavoz del Gobierno) y Cristóbal Montoro (Hacienda), en el palacio de la Moncloa en una imagen de archivo.

Los ministros Luis de Guindos (Economía), Íñigo Méndez de Vigo (Cultura y portavoz del Gobierno) y Cristóbal Montoro (Hacienda), en el palacio de la Moncloa en una imagen de archivo. / JUAN MANUEL PRATS

El Gobierno y el PP se limitan a decir en público, de distintas maneras, que la encarcelación de buena parte de los miembros de la Generalitat es un asunto judicial en el que no quieren entrometerse. Y que la única responsabilidad de que la jueza Carmen Lamela haya podido tomar esa decisión es de aquellos que están imputados por distintos delitos ligados a la convocatoria de un referéndum ilegal y la posterior declaración de independencia. No obstante, en privado, fuentes del Ejecutivo y también del partido que lo sustentan admiten que el asunto les preocupa y que, además, puede dar una importante baza y "anima" al independentismo en vísperas de una campaña electoral crucial.

Estas mismas fuentes subrayan que no pensaban que el proceso al Govern iba a entrar en la fase de prisión desde sus inicios, pese a conocer que el fiscal general del Estado -que depende jerárquicamente del poder Ejecutivo- redactó unas querellas muy severas y pese a comprobar que, este mismo jueves, demandó a la magistrada de la Audiencia Nacional que mandara a Oriol Junqueras y otros siete 'exconsellers' a la cárcel sin medidas cuatelares, con la única excepción de Santi Vila, que ha podido salir tras abonar 50.000 euros de fianza.

Cuando se les plantea a estas fuentes por qué entonces optaron por judicializar la respuesta a la ofensiva independentista más allá de los recursos ante el Constitucional, se limitan a señalar que cumplían con su obligación de denunciar delitos de los que tenían conocimiento a través de fiscalía. Aunque al tiempo tengan que admitir que el camino que van tomando los procesos judiciales se cruzan, en esta ocasión, con sus expectativas e intereses políticos, una vez que Mariano Rajoy ha decidido que las elecciones sean inminentes: el 21 de diciembre.

25 millones para las elecciones

Solo desde el PPC se reconoce públicamente -seguramente porque sus dirigentes son los que deben someterse de inmediato al criterio de las urnas- que el golpe judicial tiene un "impacto importante" en la sociedad catalana, no es "agradable" y creará "tensión" durante la campaña electoral. Así lo manifestaron tanto Xavier García Albiol como Andrea Levy en sendas entrevistas televisivas.

Desde la mesa del Consejo de Ministros, el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, se dedicó a defender la división de poderes en España y a subrayar que en todo caso Carles Puigdemont y Junqueras pueden concurrir a las elecciones puesto que, hasta que no exista condena firme, están "en posesión de sus derechos civiles y políticos".

Asimismo, Méndez de Vigo analizó la primera semana de aplicación del artículo 155, subrayando que se está implementando con normalidad y que hay "buena voluntad de todos" para garantizar que los servicios públicos catalanes sigan funcionando. Este viernes se aprobaron modificaciones en los Presupuestos catalanes para poder sufragar el coste de los comicios, que costarán unos 25 millones de euros a pagar en dos años por la Generalitat.