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EL ÓRDAGO INDEPENDENTISTA

Malestar en altos cargos del Govern porque no se les informa sobre el referéndum

El Ejecutivo catalán aplaza hasta el 4 de julio las explicaciones sobre la base legal del 1-O

Algunos 'consellers' temen las acciones penales del Estado y ven "populista" la estrategia

Fidel Masreal Xabi Barrena

El ’president’ Carles Puigdemont, junto a su Govern, en el anuncio de la fecha y la pregunta del referéndum, en el Palau de la Generalitat.

El ’president’ Carles Puigdemont, junto a su Govern, en el anuncio de la fecha y la pregunta del referéndum, en el Palau de la Generalitat. / JULIO CARBO

Apenas 24 horas después de que trascendieran las discrepancias entre el PDECat y ERC sobre la cobertura legal del referéndum unilateral del 1 de octubre, el Govern de Junts pel Sí ha anunciado este jueves otra fecha señalada en el cuentagotas del 'procés', el 4 de julio, en la que asegura que dará respuesta a los interrogantes que se acumulan sobre la base jurídica y las garantías que tendrá una consulta fuera de la legalidad española.

Garanties.cat es precisamente el nombre de la página web que el día 4 se activará para contener toda la información relativa al proceso de votación. Será el mismo día que el Ejecutivo catalán celebrará un gran acto para dar cuenta de estas "garantías". Y a partir de entonces, Junts pel Sí organizará hasta 200 actos de pequeño formato en otras tantas ciudades catalanas para difundir la información y resolver dudas.

LA DISYUNTIVA

El nombre de la web no es inocente, sino que entronca con la condición más importante que han fijado los 'comuns' para avalar el 1-O: exigir que la cita con las urnas tenga "garantías", esto es, un sostén jurídico-legal e internacional que la legitime. Pero mientras llega el 4 de julio --se habló del 30 de junio para ese gran acto, pero el Govern ha decidido posponerlo--, en la Generalitat reina el mutismo, ante las posiciones enfrentadas que mantienen el PDECat y ERC respecto a la hoja de ruta a seguir.

La disyuntiva radica en si aprobar una única norma que regule el referéndum y aplazar la ley de transitoriedad jurídica hasta después del 1-O, o bien aprobar ambos textos a la vez. Este segundo camino representa una especie de declaración unilateral de independencia, es decir, supone un desafío mucho mayor al Estado. En este dilema se debaten los protagonistas del sanedrín del Govern, un núcleo duro casi impermeable que incorpora a 'president', vicepresidente, dirigentes de ambos partidos y de las entidades soberanistas y otros 'notables', como Artur MasFrancesc HomsXavier Vendrell (ERC) y Oriol Solé, exjefe de campaña de Junts pel Sí.

DESCONFIANZA CRECIENTE

Quedan fuera de este sanedrín ‘consellers’ y altos cargos del Ejecutivo, algunos de los cuales no esconden su desconfianza respecto a la estrategia que se está siguiendo, por lo que puede representar para ellos en cuanto a la actuación punitiva del Estado. El clima está enrarecido. Valga como muestra la opinión de un miembro del Govern que relata que las relaciones "se han deterioriado mucho" en el seno del Gabinete, al tiempo que censura la base "populista" de los preparativos: "El rol institucional se va haciendo pequeño en beneficio de los líderes iluminados, en un proceso revolucionario de base populista".

El ambiente es también de mucha prevención por parte de algunos altos cargos, que en privado advierten de que no están dispuestos a sacrificar su carrera profesional y familiar por unas decisiones que les puedan acarrear penas de cárcel o de multa económica si se les imputa el delito de prevaricación. En este sentido, no es descartable que se produzcan deserciones internas durante unos preparativos que se siguen cocinando de forma opaca en el Palau de la Generalitat, lo que acentúa los recelos. "Cuatro, cinco o diez toman decisiones que tienen que ejecutar otros", lamenta un alto cargo.

LAS INCÓGNITAS

El 4 de julio, el Govern deberá explicar, por ejemplo, cómo puede hablar de un referéndum con la misma base legal que unas elecciones ordinarias. ¿Cómo se conseguirá que juristas integren las juntas electorales? ¿De qué modo se accederá al censo y se enviará a todos los catalanes una tarjeta censal a su domicilio? ¿Qué garantías existen de que se pueda expresar el voto exterior cuando las 'conselleries' de Governació y Exteriors se responsabilizan mutuamente de no tener preparado el registro de catalanes en el extranjero?

Un cargo del Ejecutivo añade una duda más: “¿Cómo se puede dar garantías de neutralidad si la preparación, verificación, convocatoria y recuento del referéndum corre a cargo de independentistas?”.

El siguiente paso de la escalada de enfrentamiento con el Estado --los más escépticos del Govern creen que se persigue solo una reacción drástica del Gobierno del PP para justificar posteriores acciones desde Catalunya-- puede ser la efectiva compra de las urnas, pese al aviso de la fiscalía sobre la 'consellera' de Governació y su exnúmero dos, hoy director del gabinete jurídico del Govern. Veremos.