JUSTICIA

España no avanza en independencia judicial pese a los avisos del Greco

El país que menos medidas aplica contra la corrupción judicial

Incumple el 75% de las recomendaciones

El presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes.

El presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes. / EFE / ANDREU DALMAU

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España se encuentra a la cola de los países europeos en la puesta en marcha de las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) del Consejo de Europa en materia de lucha anticorrupción entre los jueces, según el informe anual. Las estadísticas muestran que España ha incumplido el 75% de las recomendaciones hechas y ha aplicado parcialmente el 25 %. Francia ha incumplido el 66 %, y Bélgica y Eslovenia, el 57%.

En cuanto a los fiscales, España tiene cero incumplimientos y un 100% de recomendaciones parcialmente aplicadas, al igual que Finlandia y mejor que Francia y Luxemburgo.

El incumplimiento español también es del 75% en las recomendaciones para luchar contra la corrupción entre parlamentarios.  

AVISO AL CGPJ

El Greco dijo en 2016 que España tenía que fortalecer la independencia del Consejo General del Poder Judicial, reexaminar la declaración de bienes y la evaluación de altos funcionarios judiciales o mejorar la transparencia entre el fiscal general y el Gobierno.

Los países que aparecen en la lista son aquellos sometidos a un control de seguimiento de la aplicación de recomendaciones. Otros países, como Alemania, Italia, Rusia, Turquía o Portugal están aún en el proceso de evaluación del llamado cuarto ciclo, referido a la transparencia en jueces, fiscales y parlamentarios.

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España está mejor en el tercer ciclo de evaluación (criminalización de los delitos de corrupción y financiación de partidos políticos), cuyo proceso de seguimiento superó el pasado febrero al obtener el aprobado del Greco, con el 67 % y el 84 % de cumplimientos, respectivamente.

El informe expresa la preocupación por "la lentitud en Europa en la puesta en marcha de las recomendaciones". A finales de 2016, un tercio no habían sido aplicadas, ya que el 25 % se habían puesto en marcha parcialmente y el 7 % se habían incumplido.