La fiscalía y el TC redoblan la ofensiva contra el 'procés'

La Fiscalía se ha sumado esta semana al Tribunal Constitucional en el frente judicial que trabaja para parar el proceso independentista catalán. Este lunes se han conocido los requerimientos realizados, a través de la Guardia Civil, por el ministerio público de la Audiencia Nacional y del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, para conocer los contratos firmados por la Generalitat para la desconexión.

Los fiscales de la Audiencia se han dirigido a una veintena de empresas que han podido firmar contratos con la Generalitat de cara a la creación de estructuras de Estado en Catalunya, como la Agencia Nacional de Seguridad y la Agencia Tributaria Catalana, que estarían listas para utilizarse en caso de desconexión. La Fiscalía Superior ha pedido a la Generalitat los expedientes administrativos de contratación de la campaña institucional sobre un eventual referéndum de independencia.

La Audiencia Nacional descarta que Joan Coma cometiera un delito de incitación a la sedición

Por su parte, el Tribunal Constitucional no esperará a la vuelta de Semana Santa para anular los presupuestos aprobados por la Generalitat y su pleno se reunirá este martes a las 11 horas para admitir a trámite el recurso presentado por el Gobierno contra las partidas destinadas a la celebración del referéndum anunciado por el Govern. La admisión conlleva la anulación de la resolución impugnada.

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, señaló que "se trata de un asunto que está en curso" y que la fiscalía está para que se cumpla la ley.

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La Fiscalía de la Audiencia Nacional abrió en marzo de 2016 unas diligencias de investigación por delitos de prevaricación, malversación, desobediencia y sedición, entendida esta como "desobediencia reiterada y contumaz a cumplir las leyes y los requerimientos judiciales". Es en esas pesquisas, abiertas por el anterior fiscal jefe de la Audiencia, Javier Zaragoza, donde se ha procedido a requerir, a través de la Guardia Civil, a las empresas tecnológicas, consultoras y de ciberseguridad los contratos, especialmente, los marco, que hayan suscrito con la Generalitat para realizar futuros trabajos. 

En los requerimientos se advierte a las empresas de que podrían incurrir en los delitos de desobediencia y malversación en caso de no remitir la documentación solicitada, que pasa también por informar de si advirtieron a la Generalitat de que lo firmado podría suponer el incumplimiento de lo acordado por el Constitucional en sus resoluciones. 

Cuando reciba la información requerida, alguna ya solicitada en el procedimiento abierto tras las declaraciones del exsenador Santiago Vidal sobre los datos fiscales de los catalanes, la Fiscalía deberá determinar si interpone una querella contra los responsables en los juzgados correspondientes, lo que se decidirá en función de los delitos que considere cometidos. Solo la sedición entra dentro de los que son competencia de la Audiencia.

De momento solo se ha actuado contra una persona concreta, el concejal de Vic Joan Coma, caso que el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno envió a los juzgados de esa localidad al no apreciar que exista incitación o provocación a la rebelión.

LAS REACCIONES

Como viene siendo habitual, el Govern y los partidos independentistas arremetieron contra la ofensiva judicial. El 'conseller' de Justícia, Carles Mundó, denunció la "presión constante" y "exagerada" sobre la actividad de la Generalitat que busca "poner en duda la legitimidad" de sus accciones. Para Mundó, el Estado está cometiendo un "abuso del derecho". La coordinadora del PDECat, Marta Pascal, tildó directamente a la fiscalía de actuar como una "policía política".

Una visión distinta fue, por ejemplo, la del PSC, cuyo secretario de organización, Salvador Illa, enmarcó en la "normalidad" unas actuaciones de la fiscalía frente a la "permanente presunción de ilegalidad" con la que actúa el Ejecutivo catalán.