Un tránsfuga de CDC neutraliza una moción de censura en Rubí

Ante la amenaza de una moción de censura para destronarle, el equipo de gobierno del PSC en el Ayuntamiento de Rubí ha optado por fichar a un tránsfuga. Uno de los concejales de CDC (hoy PDC), Sergi Garcia, ha accedido a formar parte del gobierno municipal, ante la atónita mirada de sus propios compañeros de grupo y del resto de la oposición (ERC, Alternativa d'Unitat Popular, ICV, PDC y Veïns per Rubí), que estaban negociando la constitución de un gobierno alternativo.

Sergi Garcia será responsable de Salut Pública y de algunos departamentos de Educació, así como del proyecto Rubí Formació. Pero el dato más escandaloso es que cobrará 40.000 euros anuales por un cargo que desempeñará a media jornada, mientras que la alcaldesa, la socialista Ana María Martínez, tiene una retribución de 55.000 euros anuales por su dedicación a jornada completa. Los grupos de la oposición consideran que se trata de un "soborno encubierto" y el PDC emprenderá acciones administrativas y legales para intentar sancionar al tránsfuga y al gobierno municipal.

La entrada de Sergi Garcia en el equipo de gobierno se aprobó el pasado 24 de noviembre con los 6 votos del PSC, los 4 de Ciutadans, los 2 del PP y el de Sergi Garcia. Ahora pasará a ser concejal no adscrito y el PDC se queda con un único edil. El portavoz municipal del PDC, Víctor Puig, considera que el fichaje de Garcia "manipula los resultados electorales" y explica que su partido está trabajando para actuar "con toda contundencia" para "recuperar los concejales que les corresponden en el pleno".

UNA MOCIÓN DE CENSURA FRUSTRADA

En las últimas elecciones municipales, el PSC volvió a ganar en Rubí pero perdió dos concejales y se quedó con 6, en un consistorio de 25 ediles. Parte de la oposición se organizó para forjar una alternativa que uniera a ERC (5), Alternativa d'Unitat Popular -grupo que incluye a la CUP- (3), ICV (2), CDC (2) y Veïns per Rubí (1), pero no consiguió su objetivo y los socialistas siguieron gobernando en minoría. Los presupuestos para el 2016 se aprobaron por amplia mayoría. Pero en los últimos meses cambió de nuevo el escenario y la oposición se organizó para formalizar una moción de censura.

Puig cree que Garcia empezó a mover ficha con la alcaldesa en el momento en que él mismo le comentó la posibilidad de cerrar un acuerdo para sacar adelante la moción de censura. "En ese momento él empieza a negociar por su cuenta y ve la posibilidad de traicionarme para cobrar 40.000 euros". Ni Sergi ni la alcaldesa le comunican su plan, dice. "Cuando llegué al pleno municipal, él ya estaba sentado con el equipo de gobierno", afirma Puig. 

La alcaldesa ha desmentido todas las acusaciones asegurando que no tenía constancia de que se preparaba una moción de censura. "Me cuesta pensar que estos partidos, tantos y tan diferentes, dejen de lado los proyectos y objetivos de la ciudad por un elemento nacional y identitario". Al mismo tiempo, ha agradecido a Garcia que "haya puesto los intereses de la ciudad por encima de los intereses del partido".

UN CASO DE TRANSFUGUISMO

Los portavoces de la oposición confiesan que fue una sorpresa para todos porque nadie tuvo conocimiento del pacto hasta "20 minutos antes del pleno”. Y todos ellos consideran que se trata de un caso de transfuguismo. Los grupos se acogen al pacto antitransfuguismo firmado en el año 2006, que define como "tránsfugas" a los representantes electos que traicionan a sus compañeros de filas "apartándose del criterio fijado por los órganos competentes de las formaciones políticas" con las que concurrieron a las elecciones.

Según este procedimiento, cuando se produce un caso de este tipo debe crearse una comisión de seguimiento dirigida por la Secretaría de Estado de Función Pública para elaborar un dictamen no vinculante pero que puede funcionar como prueba en un posible juicio. Además, la ley catalana de régimen local establece que los concejales que abandonan el grupo formado por la candidatura por la que se presentaron a las elecciones no se pueden integrar al grupo mixto, sino que quedan como concejales no adscritos.

Según el portavoz de ICV de Rubí, Ramon Capolat, hay que estudiar incluso si la actuación de Garcia puede ser condenada como prevaricación, e investigar el cambio de retribuciones y la adjudicación de delegaciones al exedil del PDC porque han sido "totalmente arbitrarias".

De la misma forma, la mayoría de portavoces de la oposición denuncian que el gobierno del PSC y Garcia han incumplido el código ético y de buen gobierno aprobado por todos los miembros del ayuntamiento en febrero pasado. El concejal de Alternativa d'Unitat Popular, Jordi Muntan, aboga por "llevar el caso a los tribunales y estudiar todos los pasos que han seguido para ver si es todo legal".

La alcaldesa de Rubí defiende que tiene la cobertura legal de la secretaria y del interventor municipales, y defiende que la incorporación se ha hecho de acuerdo con la ley. En este sentido, ha evitado hablar de transfuguismo.

DE ALTERNATIVA CIUTADANA AL PSC PASANDO POR CDC

El PDC de Rubí se ha desmarcado completamente de la actuación de Garcia, que concurrió a las elecciones como independiente, cuando aún existía la federación de CiU. Según Puig, Garcia era militante de Unió y ahora lo sería de Demòcrates de Catalunya. Para más inri, Garcia ya había cambiado de partido en el 2011, cuando formaba parte de Alternativa Ciutadana de Rubí desde el 2007. Lo hizo porque el código ético de su formación no le dejaba presentarse a unas nuevas elecciones y, para poder hacerlo, fichó por CiU, aunque en estas últimas elecciones concurrió como independiente.

Todos los grupos han observado incrédulos el paso de Garcia por distintas formaciones, pero sobre el pacto de gobierno todos apuntan a la alcaldesa como instigadora. El portavoz municipal de ERC, Xavi Corbera, cree que "lo que no ha conseguido el gobierno municipal mediante el diálogo lo hace comprando a un concejal, con la ayuda del PP y Ciutadans", y lamenta que este hecho "dañe la imagen de Rubí". Para ICV, "políticamente, es una demostración de que la alcaldía actual, después de 20 meses, es incapaz de tejer alianzas". En el mismo sentido, el PDC considera que la alcaldesa "representa la peor cara de la política, no solo porque gobierna con amiguismo y clientelismo, sino porque niega el debate democrático vetando mociones".