El Gobierno mantiene su ofensiva judicial contra la Generalitat pese al deshielo

El documento de 46 propuestas que Carles Puigdemont entregó a Mariano Rajoy el pasado miércoles durante su reunión en la Moncloa contenía un apartado específico sobre la “judicialización de la política”, ese fenómeno por el que el Estado y la Generalitat se dedican a cruzarse recursos ante el Tribunal Constitucional (TC) por sus respectivas iniciativas. El jefe del Ejecutivo en funciones acogió bien la propuesta del ‘president’: dijo que “ambas partes” debían hacer un “esfuerzo” para que las impugnaciones no siguieran apilándose. Pero solo 48 horas después de la cita, este viernes, el Gobierno ha dejado claro que su ofensiva judicial se mantiene, anunciando nuevos recursos ante el TC contra tres leyes ajenas al proceso independentista y nublando así las expectativas de diálogo entre ambas administraciones. “Mensaje recibido”, señaló después la ‘consellera’ de Presidència, Neus Munté. “Cuando los tribunales entran por la puerta, la política salta por la ventana”, escribió en Twitter el propio Puigdemont.  

Las normas impugnadas, cuyos efectos serán suspendidos cautelarmente si el Constitucional admite como es previsible las acciones del Gobierno, son la que establece un impuesto a las viviendas vacías, debido a que este hecho ya se encuentra gravado; la 6/2015, de gobiernos locales, y la 17/2015, relativa a la igualdad entre hombres y mujeres, estas dos últimas por invasión de competencias.

LA “NORMALIDAD”

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, que ejerció de portavoz del Ejecutivo en funciones, dijo que los recursos entraban dentro de la “normalidad”, recordando que el Ejecutivo ha acudido 30 veces al Constitucional frente a normas catalanas en los últimos años y la Generalitat,  por su parte, ha hecho lo mismo en 50 ocasiones. Pero el Govern no ocultó su profundo malestar.

Esta es una de esas ocasiones donde el acento cabe ponerlo más en el ‘cuándo’ que en el ‘qué’. Si tras la reunión de Rajoy y Puigdemont, la primera entre ambos dirigentes, hubo titubeos sobre cómo valorar su resultado, si como inicio del deshielo o bien como un ‘todo sigue igual’, el Govern despejó este viernes las dudas. Cree que se trata de lo segundo. “Solo 48 horas después de que Puigdemont le pidiese a Rajoy más política y menos tribunales, la respuesta es más tribunales y menos política. Si con esto querían hacernos llegar un mensaje, ha sido perfectamente recibido”, señaló Munté, quien también explicó que la Generalitat no devolverá los 11,3 millones de euros recaudados con el impuesto a las viviendas vacías porque, hasta ahora, “estaba plenamente vigente”.  

LA POBREZA ENERGÉTICA

Por el momento, el Ejecutivo no ha impugnado una norma especialmente sensible para el Govern, la de pobreza  energética y contra los desahucios, de la que depende en parte la relación de Junts pel Sí con la CUP. Según la ‘consellera’, Rajoy “se comprometió a escuchar la demanda de no impugnar esa ley”. Pero Catalá no quiso anticipar nada, limitándose a decir que el plazo para recurrirla todavía no había expirado.

Fuentes del Govern señalan la pobreza energética como una cuestión “clave” para calibrar las relaciones entre la Generalitat y el Estado. La ley será uno de los puntos principales de la reunión que mantendrán la próxima semana, en principio el jueves, los vicepresidentes de ambas administraciones, Soraya Sáenz de Santamaría y Oriol Junqueras, en quienes Rajoy y Puigdemont delegaron para abordar las 46 reivindicaciones de la Generalitat, que van del referéndum sobre la independencia de Catalunya hasta medidas para “garantizar los derechos sociales”, pasando por los incumplimientos del Estado en inversiones.

Los recursos ante el Constitucional no anticipan una cita fructífera entre los números dos del Ejecutivo y el Govern, pero Munté señaló que el encuentro tenía "todo el sentido".