ENTREVISTA AL MINISTRO DE JUSTICIA EN FUNCIONES

Rafael Catalá: "El Gobierno actuará si la Generalitat sigue con la política exterior"

"Me parece un acierto que Puigdemont reconozca que no puede declarar unilateralmente la independencia"

"Los casos de Barberá y Aguirre son distintos. El activo asociado a la regeneración democrática es patrimonio de Rajoy"

El ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, en un momento previo a la entrevista. 

El ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, en un momento previo a la entrevista.  / JUAN MANUEL PRATS

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El ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, se reúne este viernes en Barcelona con el 'conseller' del ramo, Carles Mundó, antes de participar en un acto del Col·legi de l'Advocacia. En conversación con EL PERIÓDICO, advierte de que el Gobierno hará cumplir en Catalunya las leyes y las sentencias del Tribunal Constitucional (TC) y defiende la legitimidad de Mariano Rajoy para intentar formar Gobierno pese a los escándalos de corrupción.

-¿El Gobierno acudirá de nuevo al Constitucional si la Generalitat continúa con la Conselleria d'Exteriors? El auto del TC deja claro que deben suspenderse todas las actividades que tengan que ver con los asuntos exteriores. Por tanto, la Generalitat deberá cumplir ese mandato. Si no lo hiciera, el Gobierno actuaría: presentaría un incidente de ejecución para poner de manifiesto el incumplimiento de un auto del tribunal, de acuerdo con la ley orgánica y con las facultades que la reciente reforma le ha asignado. Confío, no obstante, en que la Generalitat atienda el requerimiento y, en lo que tiene que ver con las funciones de política exterior, se paralicen las actuaciones respecto a lo que el Constitucional resuelva.

-En cuanto a la comisión de estudio del 'procés', el jueves han pedido informes al fiscal y al Parlament. ¿Confía en que atiendan la impugnación? Los informes tendrán que alegar cuál es el sentido de creación de esas comisiones. Y el tribunal atenderá lógicamente las alegaciones y también las que le ha hecho el Gobierno, porque creemos que tiene que ver con el proceso de desconexión, que tiene a su vez que ver con la declaración de ruptura del 9-N, declarada insconstitucional.

-¿También impugnarán las leyes de desconexión? Pretendemos hacer las cosas con la mayor fundamentación constitucional posible. En el caso de la creación de las comisiones para el desarrollo de las leyes, habrá que ver cuál es el fin último y cuándo se ponen en marcha. Porque pretendemos diferenciar la fase de propuestas de la fase de adopción de actos con efectos jurídicos concretos, que eso es lo que es susceptible de impugnación.

"No descarto  "No descarto que pueda haber avances en la negociación con el PSOE. Rajoy no plantea abstenerse o no promover su propia candidatura"

-Entonces, ¿las comisiones no serán recurridas hasta que no se constituyan? Es una cuestión donde no hay una solución binaria: si se crea, se impugna; si no se crea, no. Hay que ver el detalle. Vamos a estar, como corresponde, sin ánimo impugnatorio, pero sí en garantizar que la Constitución se respeta.

-¿Presentar una querella contra Artur Mas por haber impulsado una consulta no es intentar resolver un problema político en los tribunales? Hay unos valores constitucionales que impiden que pueda ser llevado a cabo un planteamiento de referéndum que no cuente con el consenso general de todos los españoles. Mientras eso no se cambie, yo entiendo que pueda haber un número importante de catalanes que tengan sentimiento y ganas de cambiar el statu quo, pero una de las reglas de una democracia es el respeto a las normas. Y para cambiar esas reglas hace falta un procedimiento establecido en la Constitución, y no uno unilateral.

-¿Por qué el PP no esboza una reforma de la Constitución, ni siquiera para granjearse el apoyo del PSOE y Ciudadanos cara a formar Gobierno? Nosotros hemos hecho un documento para la negociación del futuro Gobierno basado en los verdaderos problemas que hoy tiene España. Y no creemos que entre los principales problemas esté la reforma de la Constitución. Máxime cuando los que hablan de la reforma no acaban muy bien de definir ni qué reformar ni hacia dónde. En el ámbito territorial hemos oído cosas bastante vagas. El documento de negociación del PSOE pretendía sacarse el tema de en medio en dos líneas. Para proceder a una reforma deberíamos tener un gran consenso, tiempo suficiente y definir claramente cuáles son los temas y la dirección hacia donde avanzar. Si todo eso fuésemos capaces de plantearlo, el PP podría abordar esa negociación. Pero hay un gran ruido en torno a la reforma, muy poca claridad y no nos parece que esté entre las prioridades de España.

-¿Qué les parece que Carles Puigdemont reconociese que no existe una mayoría para declarar unilateralmente la independencia? Si para modificar cualquier artículo del Estatut hacen falta mayorías cualificadas, cómo para declarar la independencia iba a bastar con un diputado más. Es una falta de legitimidad democrática absoluta. Promover las reformas de las normas fundamentales debería tener un aval democrático y parlamentario amplísimo. Hasta que esas mayorías no se den, no deberían plantearse las reformas de las normas fundamentales de la convivencia. Ese ejercicio de realismo y sentido común me parece un acierto.

-¿Cree que la situación de Esperanza Aguirre y Rita Barberá son equiparables? Aguirre últimamente ha sufrido alguna tensión asociada a la corrupción, que afecta a personas de su confianza, y ha considerado dar un paso al lado. El caso de Barberá es totalmente distinto. Se está investigando al grupo municipal del PP en Valencia, pero todavía no hay decisiones judiciales, y a ella no le afecta en el ámbito procesal de ninguna manera. Yo estoy seguro de que si llega el caso, tomará la decisión que corresponda, pero fundamentada en la presunción de inocencia y en la responsabilidad. Pero son casos muy diferentes, los elementos fácticos de una y otra situación son muy distintos.

"No creemos "No creemos que entre los principales problemas que tiene hoy España esté la reforma de la Constitución"

-¿La decisión de Barberá de no dar un paso atrás para no perder su aforamiento como senadora está perjudicando a Rajoy en su intención de conformar un Gobierno? Se ha consolidado que el aforamiento es un privilegio y por eso vamos a revisarlo, pero no es técnicamente correcto que sea así. Que las investigaciones a un senador las lleve el Tribunal Supremo no creo que sea ningún privilegio. Los jueces tienen mayor cualificación y tendrán un enjuiciamiento con mayor rigor. Y quien acude en primera instancia al Supremo no tiene derecho a recurso alguno. En cuanto a los pactos de gobierno, extender la sospecha de corrupción por unos pocos casos a toda la organización es muy injusto. El activo asociado con la regeneración democrática es patrimonio de Rajoy, que es quien ha liderado las reformas esta legislatura. Los casos que surgen generan un rechazo, pero la responsabilidad es de las personas afectadas.

-¿Le consta que debido a los escándalos y la falta de apoyos para formar un Ejecutivo esté meditando dar un paso atrás? La corrupción hace daño a todos los partidos. Pero el PP fue el más votado. En ese contexto, lo lógico es que el líder de ese partido es quien tiene mayor legitimidad para protagonizar el futuro de España. Rajoy ha reiterado que en ningún caso se plantea abstenerse en una hipotética investidura de otro, o no promover, si tiene los apoyos suficientes, su propia candidatura. Él sigue trabajando para generar los apoyos, por eso la oferta al PSOE, que no ha sido atendida, pero tampoco podemos descartar que en las próximas semanas pueda haber avances en esa dirección. Es lo que nos gustaría.

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-¿Es partidario de que el próximo congreso nacional del PP sea abierto a los militantes, como reclaman hacer en los cónclaves regionales dirigentes como Cristina Cifuentes? Los congresos siempre son abiertos a la militancia. Los militantes eligen a las personas que les representan. Los estatutos del PP son tan democráticos como los de cualquier otro partido. Si Cifuentes quiere plantear ese debate, hay foros de debate internos del partido para modificar los estatutos.

-¿Qué medidas propondría para evitar que pederastas no condenados, como en el caso de los Maristas de Barcelona, tengan contacto con niños? Hemos adoptado medias, como el registro de delincuentes sexuales, para garantizar que personas que hayan cometido una infracción acreditada nunca puedan acercarse a los menores. Pero cuando no ha habido esa acreditación, ¿cómo podemos garantizarlo? Creo que tendremos que trabajar en medidas preventivas y en buenas prácticas de selección de los profesionales.