El Tribunal Constitucional suspende las competencias de la Conselleria d'Exteriors

El pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha decidido este martes admitir el recurso presentado por el Gobierno de Mariano Rajoy contra las atribuciones de la Consellería d'Afers Exteriors de la Generalitat y, en consecuencia, deja suspendidas durante cinco meses dichas competencias. En la misma reunión, los magistrados han evitado, por el momento, pronunciarse sobre la petición del Ejecutivo de anular la comisión de estudio del 'procés' y han optado por escuchar al fiscal y al Parlament antes de pronunciarse al respecto.

Fuentes del alto tribunal han recordado que la suspensión de las funciones del departamento que dirige Raül Romeva ha sido automática al haber planteado el Gobierno un conflicto de competencias y reclamar la suspensión de los artículos del decreto que regulan las atribuciones de esta 'conselleria', una de las principales novedades del Govern de Carles Puigdemont. El alto tribunal tendrá que dictar una resolución en el plazo de cinco meses en la que decida si levanta o mantiene esta medida si antes no ha dictado sentencia sobre este caso.

El Gobierno de Rajoy presentó la demanda al contar con los informes favorables del Consejo de Estado y de la Abogacía del Estado. La demanda llegó al Constitucional el pasado 9 de febrero y en ella se recurría la creación y desarrollo de este departamento por considerar que "la política internacional es competencia exclusiva del Estado".

CONTRA DOS DECRETOS

Las atribuciones de esta 'conselleria' están reguladas en dos decretos publicados en el 'Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya' (DOGC) los pasados 14 y 20 de enero. Estos decretos regulan las atribuciones del departamento de Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència. El Gobierno de Rajoy solo ha recurrido los artículos que hacen referencia a las competencias en política exterior. Y lo hizo, según explicó la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Saénz de Santamaría, porque este departamento forma parte "de la internacionalización del proceso de independencia".

Además, la demanda se apoyó en la resolución del TC, dictada el pasado mes de julio, en la que levantó parcialmente la suspensión a la ley de acción exterior de Catalunya. Avaló que las delegaciones de la Generalitat puedan hacer promoción en el exterior, pero mantuvo impugnados los artículos que regulan la diplomacia pública, cultural, económica y deportiva de Catalunya.

SIN PRECEDENTES

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En cuanto a la comisión de estudio del proceso soberanista, la decisión del TC queda aplazada, ya que es la primera vez que el alto tribunal es requerido para que aplique la reforma que le faculta a actuar en caso de que no se cumplen sus sentencias. El Gobierno central consideró que esta comisión no cumplía con el mandato del Tribunal Constitucional que el pasado mes de diciembre anuló la declaración de ruptura.

Por ello, al no exisitir precedentes, los magistrados han optado por oír al fiscal y al Parlament para que presenten alegaciones frente a los argumentos del Ejecutivo central. Ambos tendrán un plazo de 10 días para expresar su opinión. Se da la circunstancia de que el Constitucional admitió en su anterior sesión, hace 15 días, el recurso presentado por la Generalitat contra esta reforma del alto tribunal, al igual que el planteado por el Gobierno vasco.