El tortuoso voto del expatriado

Fue una reforma de la ley electoral impulsada en el 2010 por el Gobierno del PSOE, y apoyada por PP y CiU, la que destapó la caja de los truenos. Hasta entonces, todos los españoles empadronados en el extranjero recibían las papeletas para poder votar. Pero tras dicha reforma, quienes desean participar deben «rogar» su voto mediante dos trámites previos: inscribirse en el censo de residentes ausentes (CERA), o en el de residentes temporales (ERTA), y pedir las papeletas por correo o fax. A partir de ahí empieza una carrera de obstáculos que puede acabar por hacer imposible el ejercicio del derecho de sufragio.

El caos en las elecciones del domingo, en las que un tercio de los votos exteriores solicitados se quedaron por el camino, se repite votación tras votación desde el 2011. Muchos expatriados reciben las papeletas con el plazo para votar por correo casi finalizado o incluso ya expirado, lo que les deja como única opción un largo viaje hasta el consulado más cercano para poder votar en urna. En otros casos, los sufragios llegan fuera de plazo a España o se extravían en el trayecto hasta el lugar de escrutinio.

SIN PRÓRROGA

Fruto de tan tortuoso proceso, la participación de los expatriados se desplomó a partir del 2011. En las generales de aquel año apenas votaron el 4,14% de los catalanes residentes en el extranjero, cuando en el 2008 lo habían hecho el 28%. En las elecciones catalanas, el voto expatriado ha pasado del 20,82% en el 2006 al 13,03% en el 2010, al 6,74% en el 2012 y al 7,54% este año. A diferencia de anteriores citas electorales, en estos últimos comicios el Gobierno central denegó las peticiones de la Generalitat para ampliar el plazo del voto exterior pese a los retrasos denunciados.

El secretario de Exteriors del Govern, Roger Albinyana, afirmaba en agosto que «es evidente que el voto exterior es un voto movilizado, y más en el momento actual». La realidad le ha desmentido. De los 196.065 catalanes registrados en el CERA, es decir, que podían votar, solo 21.771 solicitaron la documentación necesaria, un 11,1%. 6.990 de ellos no pudieron ejercer su derecho por las trabas de un sistema que, según Albinyana, «parece hecho para desincentivar el voto», pero que CiU avaló en el 2010.