El grupo de trabajo contra la corrupción pide al Govern que se persone contra la infanta Cristina
Considera que la Generalitat es parte perjudicada pues la hermana del Rey y su marido residían en Catalunya y parte de sus impuestos iban directamente a las arcas catalanas
Integrantes del grupo de trabajo contra la corrupción antes de presentar su escrito en Presidència. / periodico
Por qué confiar en El Periódico El grupo de trabajo contra la corrupción ha presentado un texto en la Conselleria de Presidència de la Generalitat y en las delegaciones de Hacienda de Barcelona y Madrid, para que la Generalitat se persone como acusación particular como perjudicada contra Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina en el 'caso Nóos'. El coletivo argumenta que al ser Catalunya el lugar de residencia de los imputados, "la Generalitat tiene un interés directo en el producto de la recaudación de tributos como el IRPF". De esta forma, argumentan, se evitaría cualquier tipo de duda sobre la aplicación de la 'doctrina Botín', dado que la condición de afectado no correspondería solamente a la Agencia Tributaria.
Este colectivo, formado entre otros por la plataforma XNet, el diputado de la CUP David Fernàndez, la Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB), 15MpaRato y la revista Cafè amb Llet, plantea esta iniciativa para "apoyar la tarea del juez (José) Castro" en el caso, una pieza separada de la macrocausa del Palma Arena.
El escrito, enviado también a la Conselleria de Economia, considera que la Generalitat debe personarse como perjudicada por delito fiscal dado que es "codestinataria del producto de la recaudación de tributos".
COOPERADORA NECESARIA
El grupo de trabajo considera un agravio que ni la Agencia Tributaria española ni el ministerio fiscal no actúen como acusación contra Urdangarin y la infanta, "considerada por parte del propio juez instructor como cooperadora necesaria de los hechos constitutivos del presunto delito fiscal".
"Exigimos a nuestros representantes que hagan su trabajo ya que 'Hacienda somos todos'". "Una vez más la ciudadanía debe vigilar e intervenir para defender sus intereses, ya que las instituciones que deberían representarnos no los defienden", concluye el colectivo.
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