07 ago 2020

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Seísmo por un escándalo de fraude fiscal

Jordi Pujol Ferrusola abre el periplo de la familia por los tribunales

El juez Ruz lleva dos años investigando al primogénito del 'expresident' por blanqueo de capitales

El fiscal no pedirá prisión y decidirá si solicita otras medidas tras oír su declaración

MARGARITA BATALLAS / MADRID

Poco antes de las diez de la mañana de este lunes, Jordi Pujol Ferrusola pasará el control de seguridad de la Audiencia Nacional y subirá hasta la planta sexta, donde le esperará el magistrado Pablo Ruz, que le ha citado para tomarle declaración como imputado por un delito fiscal y blanqueo de capitales. En el despacho multiusos de esta sede judicial también estarán presentes la Fiscalía Anticorrupción, la Abogacía del Estado y el abogado defensor de Pujol Ferrusola, Cristóbal Martell.

La declaración se prevé larga, salvo que el primogénito del expresidente de la Generalitat se acoja a su derecho constitucional a no declarar. El juez lleva casi dos años recabando información sobre sus negocios después de que su expareja María Victoria Álvarez denunciara, en cuatro folios, que había acompañado a Pujol Ferrusola en el traslado de importantes cantidades de dinero en efectivo desde Andorra hasta Madrid pasando por Lleida.

La denuncia resultó poco creíble para Ruz, hasta el punto de que siguió instruyendo la misma por orden de la sala penal de la Audiencia Nacional, que el 15 de enero del 2013 dio validez al testimonio de Álvarez por haber realizado «obvias imputaciones delictivas a Pujol Ferrusola y a otros miembros de su familia».

Cinco sociedades

El magistrado se puso, por tanto, manos a la obra y reclamó información sobre cinco sociedades con las que ha tenido relación Pujol Ferrusola y su exmujer, Mercè Gironès, desde el 2004. También solicitó datos a 17 empresas que habían tenido vínculos con las sociedades de los imputados. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF) inició sus pesquisas y tomó declaración a empresarios que habían tenido negocios con Pujol junior. También cruzó datos de facturas e informes.

Y en un documento presentado el pasado 12 de junio afirmó que Pujol Ferrusola ha percibido «millonarias comisiones» que «no están justificadas y que tienen su génesis en un negocio mayormente involucrado en el área política de la Administración». Para refrendar esta conclusión, la policía recurre a la prensa y sostiene que el negocio «fue inicialmente concedido por quien entonces era conseller de Política Territorial, Felip Puig, hermano de Jordi Puig, que participa con Pujol Ferrusola en variopintos negocios que dejaron pingües beneficios a ambos».

Tras este dictamen, Ruz no movió ficha hasta el pasado 29 de julio, cuatro días después de que el expresident confesara que había ocultado en Andorra la herencia de su padre, Florenci Pujol, durante 34 años. Fue entonces cuando citó a Pujol Ferrusola y a Gironès para hoy. Las fuentes jurídicas consultadas han rebajado la expectación mediática de esta declaración -la primera de un miembro de la familia Pujol en la Audiencia- al afirmar que es un trámite necesario tras dos años de investigación. «Se ha recabado suficiente información y es conveniente oír sus explicaciones», añaden estas fuentes.

No hay datos nuevos

Por ello, no se espera que, cuando acabe de declarar, el hijo del expresident descienda desde la sexta planta de la Audiencia -Ruz ha optado por celebrar esta sesión en una sala más amplia que su reducido despacho de la segunda planta, en el que destaca un cuadro pintado a carboncillo por un superviviente de un campo de concentración sobre el que ha colocado dos dibujos llenos de color hechos por dos de sus cuatro hijos- hasta los sótanos, donde se hallan los calabozos.

La fiscalía, según fuentes jurídicas, no se plantea pedir el ingreso en prisión. Y es que no han llegado nuevos datos, ni siquiera los de la comisión rogatoria de Andorra -que ha paralizado un mes su entrega- de los que había cuando fue citado antes del verano. «No hay hechos nuevos», apuntan estas fuentes, que dejan la puerta abierta a la adopción de otras medidas tras escuchar al imputado. El juez no puede imponerle ninguna medida (ni la retirada del pasaporte) si no lo piden las acusaciones, es decir, la fiscalía o la abogacía del Estado. No habrá más acusaciones presentes porque Manos Limpias no ha conseguido el plácet por falta de pago.