Reproche generalizado a la ley de seguridad ciudadana

Pese a que el Gobierno, tras el rechazo que suscitó el primer borrador, ha suavizado algunos de los aspectos más controvertidos de la ley de seguridad ciudadana, la conocida como ley mordaza cosechó ayer críticas generalizadas tras su aprobación definitiva por el Consejo de Ministros para su envío a las Cortes. Jueces, fiscales, abogados, policías y los partidos de izquierda consideraron que la norma supone un «grave retroceso» y aprovecha la violencia ejercida por grupos minoritarios para llevar a la práctica un recorte generalizado de los derechos sociales e individuales.

Jueces para la Democracia consideró de hecho que su verdadero objetivo es «acallar» las críticas «incómodas para el poder político» expresadas en las calles, introduciendo preceptos que generan dudas de inconstitucionalidad en el ámbito de las retenciones, identificaciones y cacheos. La norma permite retener a sospechosos hasta seis horas en una dependencia policial y detalla por primera vez cómo serán los cacheos, que se realizarán para prevenir o esclarecer un delito.

La Unión Progresista de Fiscales puso el acento por su parte en que los derechos de manifestación o reunión estarán sujetos a cuantiosas sanciones sin un «control judicial» de las mismas. Coincidiendo con esta opinión, en el ámbito político, el PSOE abominó de una norma «muy de derechas» que «recorta derechos» haciendo que «muchas competencias en manos de la justicia pasen a ser del Gobierno». IU, por su parte, consideró que aumenta el «autoritarismo» del Ejecutivo, mientras que el PNV advirtió de que «estará vigilante» a su aplicación.

La norma tampoco despertó unas grandes simpatías entre los policías. Algunos sindicatos la aplaudieron, pero el mayoritario Sindicato Unificado de Policía señaló que no aporta beneficios ni para los ciudadanos ni para los agentes.

LAS IDENTIFICACIONES / El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, por su parte, empleó buena parte de su exposición en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros a contrarrestar las críticas, aseverando que el proyecto no busca sancionar más, sino que haya mayores garantías y menor discrecionalidad. El titular del Interior subrayó que el texto no modifica la legislación actual sobre las manifestaciones y «solo pretende sancionar las acciones violentas» y, multar, además, la perturbación del desarrollo de las protestas pacíficas.

El conseller de Interior, Ramon Espadaler, por su parte, aplaudió los cambios en el anteproyecto, pero mostró su esperanza de que el texto mejore durante su tramitación parlamentaria para «consagrar» las competencias propias de la Generalitat en materia de seguridad.